El Gobierno allana el camino hacia el Estado de excepción

Que el diálogo convocado por el Gobierno en la Casa Grande del Pueblo con los sectores movilizados, pero principalmente con la Central Campesina Tupac Katari de La Paz iba a fracasar lo sabía todo el mundo. El propio ministro de la Presidencia José Luis Lupo lo había verbalizado. La cita nunca se fijó con demasiada convicción y los interlocutores jamás respondieron.

Que esto iba a ser utilizado por el Gobierno para cambiar su línea discursiva de “diálogo por encima de todas las cosas” también. El presidente Rodrigo Paz Pereira ya señaló el sábado que “todo tiene un límite”, y la potencia con la que se desplegó el supuesto secuestro del ministro de Obras Públicas, desmentido casi de inmediato pero que tiene su vida propia en redes, ya apuntaba en esa dirección.

La bancada de Libre y el Comité Pro Santa Cruz llevaba varios días presionando para que se dicte Estado de Excepción, una prerrogativa constitucional que permite suspender algunas garantías para recuperar el orden en las calles con ayuda militar, aunque está pensado más para desastres naturales o amenazas externas.

El camino para decretarlo venía marcado por la Ley 1341, una Ley de 2020 que se gestó en la Asamblea Plurinacional con mayoría del MAS tras la caída de Evo Morales. La Ley la acabó promulgando Eva Copa cuando ya Arce había ganado la elección pero no había tomado posesión, por si a alguien se le ocurría dar un auto golpe o algo así. Tardó casi un año desde las masacres – denominación del GEIE de Naciones Unidas – de Senkata y Sacaba y esencialmente incluyó el respeto a las garantías constitucionales, el control del parlamento a cada medida que incluyera el decreto y la exigencia de responsabilidades a quien se excediera.

El Senado dirigido por Diego Ávila decidió voltearla de un plumazo, aprovechando la sesión de Honor por la efeméride chuquisaqueña, donde se encontraban reunidos. Un cambio en el orden del día y casi unanimidad: tres disidentes del PDC dijeron no.

El siguiente paso es Diputados. La bancada de Alianza Popular advirtió presiones para que se aprobara una sesión extraordinaria en modalidad virtual para finiquitarlo el mismo domingo, pero hubo reticencias y, en principio, se envió a Comisión, por lo que el pleno deberá tratar el informe como pronto el martes, aunque todo puede cambiar.

Una vez abrogada, y si es la voluntad del Gobierno, el presidente y sus ministros podrían firmar el decreto ese martes tras la promulgación de la abrogación. Con seguridad el decreto que lo habilite, ya sin las garantías de la Ley – aunque sí las constitucionales – está listo. Paz debería informar en el plazo de 72 horas ala Asamblea, que lo debería aprobar, y tal como están las sumas, no tendría ningún problema.

Las marchas continúan

Mientras el gobierno y la Asamblea se dotan de herramientas para intervenir los bloqueos, al menos tres movilizaciones están convocadas para este lunes. Una dirigida desde El Alto que convoca la Central Obrera Boliviana; otra desde zona sur que convocan Interculturales y además, la Federación del Magisterio Urbano, que vuelve a la carga por el incremento desde la tarde de este lunes.

Además, las centrales campesinas de La Paz, y de otros departamentos, llevarán a cabo diversos bloqueos. El pasado viernes se cerró la semana con 51 puntos identificados, que tras el desbloqueo del sábado en la mañana, los mismos fueron reinstalados a las pocas horas.

Las alternativas

El pasado miércoles Rodrigo Paz prometió cambios en su gabinete y un Consejo Económico y Social, que se interpreta como una suerte de Consejo Asesor popular. La primera promesa fue controvertida, pues pocas veces el cambio de gabinete se anuncia. Cinco días después, solo salió el ministro de Trabajo, el aymara Edgar Morales, y fue sustituido por el también aymara, pero de línea liberal, Williams Bascopé, promotor entre otras cosas de la Ley Antibloqueos. Mientras tanto, el diálogo no ha prosperado.

En la coyuntura, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y otras fuerzas vivas del oriente han empezado a exigir mano dura para desbloquear la situación. El gabinete de Paz asume que la medida generará más violencia y que, políticamente, dejará huella, además de aniquilar el argumento sobre la estabilidad del país y seguridad jurídica para atraer inversión.

Toca testear el humor en la Policía y Fuerzas Armadas.

Unión de Gobernadores entra en escena

Los gobernadores reunidos en Sucre avanzaron una nueva institución apropiada para este nuevo periodo: La Unión de Gobernadores de la que participan al menos siete de los gobernadores no oficialistas, entre ellos María René Soruco, Juan Pablo Velasco o Gabriela de Paiva.

Entre otras cosas demandan una Ley de Estabilidad Financiera para Gobernaciones, la eliminación de gastos derivados de competencias del Estado, la departamentalización de los tributos y un nuevo pacto fiscal, todo ello al margen de la idea del 50-50. También pidieron manos libres para gestionar Cooperación Externa.

En ese marco, convocaron al presidente a dialogar sobre estas determinaciones.