Empresarios en contra de diferir cobro de servicios básicos

Gremios empresariales expresaron este lunes sus observaciones a la eventual aprobación de un decreto que disponga el diferimiento del pago de servicios básicos, al considerar que una medida de ese tipo podría afectar la estabilidad financiera de las empresas proveedoras.

Los pronunciamientos surgen después de que el Gobierno reveló que estaba analizando el diferimiento de pago de servicios como medida de alivio económico, por el impacto de los bloqueos de caminos.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) manifestó su "firme rechazo" a cualquier disposición que traslade al sector privado el costo de una crisis que "no provocó".

La entidad sostuvo que las empresas ya afrontaron pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares durante los 53 días de bloqueos y que actualmente continúan cumpliendo con obligaciones como el pago de salarios, impuestos, créditos y proveedores.

Según la organización, obligar a las empresas a financiar un diferimiento de pagos pondría en riesgo su liquidez, la continuidad de los servicios y miles de fuentes de empleo. Asimismo, afirmó que las políticas de protección social corresponden al Estado y no deben ser financiadas por el sector privado.

Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) señaló que comprende la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para aliviar la situación de las familias afectadas por la reciente coyuntura política, pero advirtió que estas deben diseñarse bajo criterios de equilibrio, responsabilidad y sostenibilidad.

Según la organización, una parte importante de los servicios básicos es administrada o provista por empresas privadas y cooperativas, por lo que cualquier decisión que limite el flujo financiero de estas entidades podría afectar su capacidad operativa y comprometer la calidad y continuidad de los servicios.

La CEPB también sostuvo que el sector privado enfrenta desde hace varios años los efectos de la crisis económica y de los conflictos sociales, mientras mantiene la responsabilidad de preservar el empleo, contribuir con recursos al Estado y garantizar el abastecimiento de bienes y servicios.

En ese contexto, la entidad pidió que las decisiones para enfrentar la actual situación económica sean coordinadas, técnicamente sustentadas y consensuadas con todos los sectores y regiones.