Gobierno reconoce lentitud en el envío de las leyes estructurales y la atribuye a conflictos y revisión técnica

El Gobierno reconoció este martes la demora en el envío del paquete de leyes estructurales a la Asamblea Legislativa y atribuyó el retraso a los 53 días de conflictos que alteraron la agenda gubernamental, además del proceso de revisión técnica e institucional que aún cumplen los proyectos.

"Las leyes están listas, se han elaborado, pero tienen que pasar este proceso institucional", afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Explicó que los anteproyectos deben ser analizados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes), contar con la revisión jurídica y técnica de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) y luego ser considerados por el Gabinete.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que las iniciativas serán remitidas de manera gradual y que antes de su tratamiento legislativo serán socializadas para incorporar aportes. Añadió que el objetivo es construir consensos con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea.

Lupo precisó que, hasta el momento, la única norma analizada por el Conapes es la Ley de Electricidad. Posteriormente seguirán las leyes de Energías Alternativas, Hidrocarburos e Inversiones, entre otras que forman parte de la agenda de reformas del Gobierno.

Las declaraciones surgen luego de que el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, cuestionara la demora en la presentación de las leyes estructurales y afirmara que, tras nueve meses de gestión, aún no se remitió ninguna iniciativa de fondo a la Asamblea. El exmandatario sostuvo que el Ejecutivo debe definir si impulsa las reformas prometidas o mantiene acuerdos con la COB y el modelo económico promovido por Evo Morales.

“A la crítica de que vamos lentos y no hemos presentado las leyes, la verdad es que tienen razón, pero no necesariamente es porque nosotros no hayamos hecho el trabajo oportuno. Fueron casi 2 meses de paralización y donde la agenda era distinta, era cuestión de salvar la democracia y de evitar muertes”, señaló Gálvez quien reiteró que las normas están listas.