Asegurados alertan por el uso de $us 11.000 millones del Sistema de Pensiones
Dirigentes universitarios denuncian que los recursos administrados por la Gestora Pública fueron destinados a bonos del Estado sin garantías claras de retorno y exigirán transparentar la información al actual Gobierno
Asegurados del Sistema Integral de Pensiones han encendido las alarmas por el uso de aproximadamente 11.000 millones de dólares administrados por la Gestora Pública, recursos que —según denuncias del sector universitario— habrían sido transferidos al Estado y su retorno será mediante la compra de “Bonos del Estado”, sin garantías claras de devolución ni información pública actualizada sobre su rendimiento.
El presidente de la Confederación Universitaria de Docentes de Bolivia, Carlos Salinas, representante de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), señaló que la preocupación alcanza no solo al sistema universitario, sino al universo de aportantes del Sistema Integral de Pensiones.
“Esto debe alertar a todos los aportantes del Sistema, porque 11.000 millones de dólares es una cantidad gigantesca de dinero que, seguramente, el Estado no tiene la posibilidad de devolver. Son recursos que han sido mal utilizados y que fueron tomados mediante un decreto que bolivianizó nuestros aportes en dólares”, cuestionó en una entrevista cedida a Plus TLT.
Salinas advirtió que, debido a la coyuntura económica, los aportes administrados por la Gestora habrían sufrido una pérdida de valor, ya que el boliviano se ha depreciado frente al dólar en el mercado paralelo.
También puso en duda el informe oficial que señala que la Gestora obtuvo un incremento del 4% en utilidades. Mencionó que han podido tomar conocimiento que existe un decrecimiento mensual de alrededor del -16%.
El dirigente adelantó que este tema será analizado en la Conferencia Nacional de Universidades (CNU), prevista para el 1 y 2 de diciembre, instancia en la que se buscará aprobar una resolución para exigir al Gobierno: transparentar el uso de los recursos administrados por la Gestora; publicar información detallada sobre inversiones y rendimientos; e institucionalizar el Directorio de la Gestora, para que deje de funcionar mediante designaciones directas.





