Añez responde a la CIDH y la ONU por casos Senkata y Sacaba

La expresidenta Jeanine Añez respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, luego de que ambos organismos manifestaran su preocupación por la anulación de los juicios ordinarios de los casos Senkata y Sacaba, y advirtieran sobre el riesgo de que las masacres queden en la impunidad.

En un pronunciamiento a través de sus redes sociales, Añez instó a que los organismos internacionales no se “desentiendan de la situación de los derechos humanos de todos los bolivianos víctimas del régimen del MAS”, y recordó que en su caso también se vulneraron garantías fundamentales.

“No puede haber justicia sin debido proceso; no puede haber justicia sin una investigación imparcial; no puede haber justicia si no se respeta la jurisdicción y competencia; no se puede pedir justicia con jueces y fiscales sometidos a un gobierno que impunemente ha controlado hasta hace poco al Órgano Judicial”, señaló la exmandataria.

Añez reiteró que los organismos internacionales deben velar no solo por justicia para las víctimas de Senkata y Sacaba, sino también por el respeto al debido proceso en todos los casos. Recordó que en 2021 el relator especial de la ONU sobre independencia judicial, Diego García-Sayán, observó que su encarcelamiento desconoció su derecho a un juicio de responsabilidades y obedeció a “instrucciones políticas de Evo Morales”.

El debate sobre el tipo de juicio

Añez sostiene que, por haber ejercido la presidencia durante los hechos de 2019, le corresponde un juicio de responsabilidades y no un proceso ordinario. Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía insistieron en llevarla por la vía penal común.

Tras las elecciones de primera vuelta, distintos tribunales revisaron su situación y decidieron anular los juicios ordinarios, derivando el caso a juicio de responsabilidades, que requiere la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa.

Preocupación internacional

La CIDH y la ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaron su inquietud por las decisiones judiciales que dejaron sin efecto los procesos contra policías y militares acusados de las masacres de Senkata y Sacaba (2019).

Advirtieron que las resoluciones emitidas por tribunales de El Alto y Sacaba, y ratificadas por la Sala Penal Tercera de La Paz, podrían derivar en un escenario de impunidad y constituir un retroceso en el acceso a la justicia de las víctimas.

En un comunicado conjunto, recordaron que el Estado boliviano está obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, en el marco de sus compromisos internacionales.

“La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas. Esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado y supone una revictimización de las personas afectadas”, señala la nota.

Respuesta del Gobierno

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, respaldó el pronunciamiento internacional y aseguró que el Gobierno agotará los mecanismos legales para que los hechos no queden sin sanción.

“Bolivia tiene compromisos internacionales que cumplir. Es obligación del Estado garantizar justicia y evitar la impunidad”, afirmó. Subrayó que se respetará la independencia del Órgano Judicial, pero advirtió que los fallos no deben desconocer los hechos documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y otros informes de derechos humanos.

Juicio
Añez sostiene que, por haber ejercido la presidencia durante los hechos de 2019, le corresponde un juicio de responsabilidades

¿De qué tratan los casos Senkata y Sacaba?

Se conocen como masacres de Sacaba y Senkata a los hechos sucedidos en dichas localidades durante las intervenciones militares ante las protestas y actos considerados terroristas por el nuevo gobierno, emergidos luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política del 2019.

El 15 de noviembre, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, en el departamento de Cochabamba. El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, barrio de la ciudad de El Alto, en el Departamento de La Paz, otros 11 civiles perdieron la vida y 78 heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares.