Una infección mal tratada afectó a su vida
La muerte de Mertens lleva el “caso Fassil” a un callejón
La intervención de la ASFI y la asunción de los activos tóxicos por parte del Banco Unión calmó a los mercados y resarció a los ahorristas, mientras que los accionistas buscaban esclarecer el mal manejo



En horas de la mañana del domingo se conoció la muerte del expresidente del Banco Fassil, Ricardo Mertens, una situación que lleva la investigación por lo sucedido en el Banco Fassil y su quiebra en abril de 2023 a un callejón probablemente sin salida.
Así lo advirtió su abogado Carlos Soria, quien anticipó que el caso se extinguiría al mismo tiempo que explicó que la muerte fue consecuencia de una infección que no fue tratada oportunamente por los servicios de salud de la cárcel de Palmasola y que derivó después en complicaciones cardíacas y de riñones.
Mertens, falleció en la clínica privada Las Américas, donde fue trasladado la semana pasada desde el penal de Palmasola, era el presidente y principal accionista en el momento de la quiebra del banco y parte de la élite financiera cruceña y nacional. La familia se opuso a hacer una autopsia según informó el diario El Deber, por lo que se consignó muerte natural resultado de la infección.
El caso Fassil estalló en 2023 cuando miles de clientes enfrentaron problemas para acceder a sus ahorros, lo que llevó a la intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Tras la investigación, varios altos ejecutivos, incluido Mertens, fueron procesados por delitos financieros y legitimación de ganancias ilícitas.
El asunto se gestionó con pinzas, pues se trataba de uno de los grandes bancos del país y el segundo en número de depósitos, por lo que el riesgo de contagio a todo el sistema financiero en un momento en el que empezaban a escasear los dólares en el país no era menor.
La gestión de la quiebra no fue excesivamente compleja: la ASFI repartió a los ahorristas a otros bancos del sistema y el Banco Unión, propiedad del Estado, se quedó con los activos tóxicos de la cartera del Fassil que se han ido saneando con fondos públicos a través de diversos Presupuestos del Estado con la connivencia de todo el arco parlamentario.
Calmados los clientes y ahorristas de todo el sistema en general y el Fassil en particular, aun cuando los depositantes en dólares vieron sus ahorros convertidos a bolivianos, el “ajuste de cuentas” quedó en manos de los accionistas, que debían exigir resarcimientos en el caso de probar los malos manejos de forma consciente. La muerte de Mertens dificulta esta posibilidad que por otro lado, no había sido explorada con demasiado ahínco.
Impacto político
Por sus connotaciones, el caso del Banco Fassil siempre ha alimentado rumores de índole política. El banco de capitales cruceños era la referencia del empuje de la región y de buena manera, padrino del “modelo cruceño”, no solo basado en la gran industria soyera, sino también en el sector inmobiliario, abriendo nuevos mercados y signado por no pocos analistas como fuertemente especulativo.
El banco Fassil cayó apenas cuatro meses después de que el Comité Cívico cruceño invocara “el derecho a la autodeterminación de los pueblos” y tres desde que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho fuera detenido y llevado a la prisión de alta seguridad de Chonchocoro en la que permanece hasta el día de hoy. El peso político de Santa Cruz desde aquellos tres hechos ha decaído notoriamente.
No es la primera muerte que sacude la investigación del Banco. El 27 de mayo de 2023, apenas un mes después de la caída del Banco, el interventor principal designado por la ASFI, Alberto Colodro, se precipitó al vacío desde la oficina de Equipetrol. Era sábado en la noche. Un hombre próximo a su jubilación con toda una vida al servicio de la institución. La Policía determinó suicidio y el Fiscal extinguió el caso. Aquel fiscal era Roger Mariaca, hoy Fiscal General del Estado elegido con una mayoría absoluta y secreta que no se ha visto en toda la legislatura.