Investigan caza ilegal de jaguares en Santa Cruz

Una comisión de fiscales empezó la investigación de la caza ilegal de jaguares en San Matías, Santa Cruz, y de inicio solicitó la cooperación internacional para dar con otros partícipes, cómplices o encubridores de este este hecho delictivo, informó el fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

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La pesquisa se activó por los delitos de biocidio y destrucción de bienes del Estado.

“Se ha tomado la directriz de conformar una comisión de fiscales a efectos de realizar una labor responsable, seria, eficiente y eficaz, ¿qué significa esto? rápido y con resultados para recolectar todos los elementos que permitan identificar a otros autores que posiblemente hubiesen participado en Bolivia”, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

Un reportaje de la Revista “Nómadas” denunció la caza ilegal de jaguares promovida por la empresa argentina Caza & Safaris Argentina que ofrecía paquetes de hasta $us 50.000 a cazadores internacionales para matar jaguares en áreas protegidas del oriente boliviano. La organización, liderada por Jorge Néstor Noya, organizó al menos 30 expediciones ilegales desde la década de 1980, enfocadas en la caza de jaguares en áreas protegidas

El fiscal reveló que en este hecho están identificados dos responsables, Noya de nacionalidad argentina y otra persona de nacionalidad española.

“La comisión de fiscales está haciendo una labor investigativa exhaustiva y minuciosa para identificar la posibilidad de que otros autores hayan participado en los hechos, sean cómplices, participes o encubridores, con seguridad serán identificados”, aseguró.

Como parte de las tareas investigativas, se solicitó información al INRA para determinar si el biocidio ocurrió en propiedad privada o en una reserva nacional, para posteriormente ejecutar los allanamientos, las reconstrucciones o inspecciones oculares correspondientes.

Además, en el marco de la cooperación jurídica internacional la Fiscalía solicitó los antecedentes de los dos ciudadanos, uno argentino y otro español, para establecer si tienen procesos penales en sus países, por biocidio o trata y tráfico ilegal de vida silvestre.