Destituciones, minería ilegal, caza furtiva… el Sernap en crisis

La restitución de uno de los guardaparques más emblemáticos del país, Marco Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera de la Estación Biológica del Beni hasta el 31 de diciembre, y el escándalo sobre el uso de bienes del Estado que hacía el director Jhonson Jiménez, removido por la ministra María Nela Prada, que asumió interinamente el ministerio de Medio Ambiente tras depurar otro escándalo, el de los movimientos millonarios e inexplicables del exministro Alan Lisperguer no deberían opacar la denuncia matriz del propio Uzquiano: la minería ilegal y la caza furtiva de animales protegidos se han convertido en dos actividades altamente lucrativas fuera del sistema a las que, sin embargo, las autoridades les prestan poca atención.

El despido de Uzquiano – además de Guido García Carballo, Gonzalo Gutiérrez y Aníbal Alfaro - quien presidía la Asociación Boliviana de Guardaparques, generó respuestas institucionales y civiles que finalmente lograron su restitución en la Sala Constitucional del Tribunal de Garantías de La Paz, aunque pendiente de ratificación, sin embargo, la preocupación sigue estando en los déficits de la gestión y la gran capacidad de los grupos irregulares para sacar beneficios en un sistema tan precario de protección..

El detonante: las denuncias sobre minería ilegal

En 2024 Marco Uzquiano y el guardaparques Raúl Santa Cruz fueron denunciados por el supuesto delito de difamación y calumnia, luego de que reportaran que la cooperativa aurífera Virgen del Rosario intentó ingresar con maquinaria pesada al Parque Natural Madidi. En ese entonces, el Sernap no asumió la defensa del caso.

Con este precedente, Uzquiano considera que el motivo de su desvinculación tiene que ver con sus denuncias sobre minería ilegal y los avasallamientos que hacen las empresas en las áreas protegidas del país, señalando que “el sector minero ha estado presionando constantemente, no solamente al Sernap, sino al Gobierno, desde gestiones pasadas”.

“Caza y Safari” de jaguares en San Matías El grupo denunciado por la caza de jaguares en Bolivia se dedica a ofrecer paquetes turísticos para cazar animales de forma ilegal desde 1979. Están entre los traficantes de fauna más grandes de Argentina.

El guardaparques incluso se ofreció a acompañar al presidente de Bolivia en un vuelo en helicóptero sobre el Madidi, para que pueda presenciar la actividad minera ilegal que existe en el lugar.

Caza ilegal de jaguares

Se suma también al caso una denuncia que salió a la luz el mes pasado. La misma apunta a un grupo argentino dedicado a la caza de animales silvestres, denominado “Caza y Safari”.

Ya en 2023, una ONG brasilera rastreó las actividades del grupo en Argentina, Brasil y Bolivia. Allanamientos realizados a la vivienda de uno de los participantes revelaron partes de animales, fotografías e instrumentos de caza que permitieron constatar que el grupo tiene actividad en territorio boliviano.

Ante la muerte de cinco jaguares en el área protegida de San Matías, activistas ambientales del país sentaron la denuncia en diciembre de 2024. Ni el Sernap ni el Ministerio de Medio Ambiente se sumaron a la demanda.

Esta denuncia es señalada por Uzquiano como otra de las causas de su despido. En conversación con El Deber Radio explicó que este caso en particular generó tal reacción porque “habría ocurrido presuntamente en una propiedad de un expresidente de Bolivia”. El abogado de los demandantes ya solicitó informes para determinar el lugar donde operaba el grupo de caza.

Tiempos difíciles

El regreso de Uzquiano a su puesto no marca el fin de los problemas con el Sernap. Luego de que Luis Arce destituyera al Ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, por denuncias de corrupción, María Nela Prada, quien asumió el puesto de forma interina, removió a Johnson Jiménez de su cargo como director del Sernap.

Su destitución se da en medio de una serie de acusaciones de uso indebido de bienes del Estado. Un extrabajador de Jiménez señaló que el sindicado utilizaba personal y vehículos del Sernap para realizar compras y recados personales, además de denunciarlo también por tráfico de influencias y abuso laboral.