Evo espera que el Gobierno abrogue el DS 4732

El expresidente Evo Morales brindó su respaldo a las movilizaciones contra el Decreto Supremo 4732 y advirtió que el mismo debe ser abrogado a las buenas, porque las bases podrían rebasar a los dirigentes en el Trópico.

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El Pacto de Unidad “evista” dio plazo de 72 horas para abrogar esa norma, porque considera que afecta la propiedad privada, al exigir una certificación del Ministerio de Justicia para hacer contratos de compraventa de bienes inmuebles.

“Ojalá de buenas abroguen y no sea de a malas. Ahí si no se abroga, nuestros compañeros pueden rebasarnos yo conozco al Trópico”, dijo Morales en conferencia de prensa.

Señaló que ese decreto afecta a la población porque implica pedir “permiso” al Ministerio de Justicia, además de que se deben cumplir 19 requisitos para lograr el certificado que avale el contrato de venta de los bienes.

Morales explicó que en el Trópico la gente sería afectada con esa medida, porque también cuenta con propiedades como lotes en otros municipios como Sacaba o Quillacollo.

Proscribirlo también generará movilizaciones

Evo Morales también reiteró que habría movilizaciones en caso de que se proscriba al MAS o su candidatura, incluso si le quitan la sigla.

Consideró que el Gobierno ya que querido provocar movilizaciones del ala “evista”, para después echarle la culpa de la falta de combustible.

Sin embargo, Morales explicó que está agotando las instancias de lucha pacífica y legal, pero de proscribirse al MAS, sí habría una reacción.  

“Si se proscribe al MAS, a Evo o quitan la sigla, ahí cueste lo que cueste el pueblo va a salir”, afirmó Morales.

Viceministra Alcón

Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que desde la vigencia del decreto 4732, que previene cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contratos de preventa de bienes inmuebles, se restituyó más de Bs 900 mil a las víctimas de empresas inmobiliarias.

“El decreto supremo 4732 tiene una vigencia de más de dos años, y desde el 2022 existe un resarcimiento de más de 900 mil bolivianos (a víctimas de contratos de preventa), porque estamos hablando de proteger a la población boliviana”, explicó.

Apoyada en estas cifras, Alcón lamentó que se haya politizado el objetivo del decreto 4732, llegando, incluso, a declararlo atentatoria a la propiedad privada por parte de políticos y algunos dirigentes gremiales.

“Hemos visto que existe una desinformación sobre el contenido del decreto, que reitero tiene una vigencia de más de dos años, y para nada pretende quitar las viviendas o expropiarlas”, aclaró.