Gobierno descarta aprobar reformulado del PGE 2023 y denuncia pacto entre "evismo" y oposición
El ministro Montenegro señaló que existe un sabotaje pactado entre Evo, Camacho y Mesa al rechazo del proyecto de ley para modificar el PGE por parte de los legisladores



El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, junto a concejales, organizaciones sociales, ha rechazado la aprobación del reformulado del Presupuesto General del Estado 2023 a través de un decreto supremo, tal como propusieron legisladores de la madrugada de este martes 92 legisladores de la ALPB.
“Esta conferencia de prensa es para manifestar nuestra indignación y repudio al boicot económico que han perpetrado 92 legisladores en la madrugada de hoy (…) y que ha manifestado la imposibilidad que municipios y universidades puedan tener recursos para hacer frente a necesidades importantes para cerrar la gestión”, mencionó.
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En este contexto, Montenegro ha señalado que esta situación es iniciativa de un acuerdo entre Evo Morales, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa. Según él, los mecanismos legales no permiten la aprobación de fondos desde el Ejecutivo cuando la ley ha sido rechazada.
"Cuando se rechaza una ley, como sucedió con el reformulado, especialmente cuando ha sido negada en la plenaria, debe ser considerada en la gestión 2024 - 2025 para su revisión", argumentó Montenegro. Afirmó que este pacto se ha concretado con la toma de dirección en el Senado, y acusó a la megacoalición opositora conformada por Evo, Camacho y Mesa de sabotear el proceso.
El ministro expresó que este accionar representa un atentado contra la economía nacional, afectando a la economía popular, regional, municipal, gubernamental y universitaria.
"A pesar de esto, evaluamos otras opciones, pero el daño a la economía del país ya está hecho", puntualizó Montenegro.
En medio de este panorama, Rodrigo Puerta, representante de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), advirtió que "nos estamos quedando sin salud y educación". Asimismo, los representantes de las universidades públicas han declarado emergencia, advirtiendo la posibilidad de movilizaciones debido a la falta de recursos para sus afiliados.