Familiares de presos políticos bolivianos realizarán unaprotesta frente a oficinas de la CIDH en Washington DC

Los familiares de los presos políticos del gobierno de Luis Arce, junto a activistas y residentes bolivianos de Washington DC, participarán este viernes 10 de noviembre de una manifestación, frente a las oficinas de la CIDH, para protestar por la inoperancia y negligencia de esa entidad en atender los casos de los detenidos políticos injustamente encarcelados en Bolivia.

“Uno de los pedidos será exigir a la CIDH que finalmente dicte las medidas cautelares que les corresponde a los más de 200 presos políticos existentes en Bolivia por haberse violado sus derechos, mismos que se encuentran presos injustamente, por razones netamente políticas”, dijo el exalcalde de La Paz y exministro de Estado, Ronald MacLean, quien reside en esa capital.

La manifestación se realizará de manera paralela cuando este viernes la CIDH reciba en audiencia a representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil para escuchar un informe sobre el estado de la justicia boliviana.

MacLean informó que de esta protesta participará Carolina Ribera Añez, hija de la expresidenta Jeanine Añez, entre otros familiares, y activistas como Olga Flores Bedregal. Además, en la víspera han estado circulando videos de convocatoria y agradecimiento de familiares de los presos políticos con mayor reconocimiento en Bolivia como ser del hijo del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; Mari Cusi, esposa de Marco Antonio Pumari; Alejandra Serrate, activista cruceña; y de una representante de los presos políticos, Milena Soto, quien se encuentra detenida arbitrariamente desde hace más de dos años.   

“Me uno a la convocatoria de los residentes bolivianos en Washington DC que mañana viernes 10 de noviembre, a partir de las 14:00 hs., elevarán su voz frente a las instalaciones de la CIDH por la libertad de los presos políticos en Bolivia. ¡Gracias por su presencia masiva!” tuiteó al respecto este jueves la expresidenta Jeanine Añez.

MacLean agregó que: “El rol de la CIDH en los últimos años es lamentable. Su accionar está totalmente parcializado y politizado. Sus comisionados responden a instrucciones políticas dictadas principalmente por los gobiernos de México, Brasil y Argentina”, explicó MacLean, a cuya iniciativa se da esta protesta en la capital estadounidense. 

Organizada por los líderes locales de la comunidad boliviana en Washington DC, la protesta se instalará frente a las oficinas de la CIDH, el viernes 10 de noviembre, a horas 14:00, con el objetivo de hacer oír la voz de quienes defienden los derechos de los privados de libertad en Bolivia por razones políticas.

“Pedimos a los residentes bolivianos en Washington DC, a los activistas, para que sean nuestra voz y puedan gritar por nosotros allá, para que se respeten nuestros derechos y la libertad de todos los presos políticos en Bolivia”, dice Mari Cusi Cortez, en un video que se encuentra circulando por RRSS. Ella es esposa de Pumari, preso desde hace casi tres años.

Por su parte, la hija de Jeanine Añez, en otro video señala que “en Bolivia hay más de 280 personas que han sido secuestradas por el régimen del MAS” e invita “a todos los residentes bolivianos y las personas que creen en la libertad, en la democracia, en una justicia plena que defienden los DDHH, el debido proceso y el estado de Derecho a que nos apoyen en la manifestación de este viernes 10”.

Alejandra Serrate, que se autodenomina como “activista por la democracia y por la libertad en Bolivia” dice: “Vamos a estar reclamando por la libertad de los perseguidos y los presos políticos que se encuentran en Bolivia” a manera de convocar a que los residentes bolivianos asistan y apoyen esta causa democrática.

El hijo del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Parada, en su video señala que su padre “está secuestrado” por el gobierno del MAS desde hace 10 meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz). “Hoy a nombre de mi familia y mi padre quiero agradecer a todos los residentes bolivianos en EEUU por sus muestras de cariño, no sólo a mi padre, sino a todos los presos y perseguidos del régimen (del MAS) y también por la movilización pacífica que están convocando…Como familiares de las víctimas y perseguidos por este gobierno queremos agradecer de corazón por su apoyo no solo a la democracia sino también por la lucha por la libertad de todos los presos políticos”.

Milena Soto, dice en su video: “Soy presa política en mi país por más de dos años, tres meses y cinco días. El atropello a mis derechos ha sido de forma constante, se me iniciaron tres procesos, se intentó secuestrarme, se me golpeó, no se respetaron los derechos ni siendo mujer ni siendo madre, mucho menos siendo parte de la sociedad civil que en todo mi derecho me manifesté en 2019 en defensa de la ciudad de Cochabamba”, dijo a tiempo de exhortar la presencia de los residentes en la manifestación. “Sean nuestra voz y hagan eco de lo que estamos viviendo como presos y perseguidos políticos, por favor hoy los necesitamos, sean nuestra voz y luchen por nosotros”, se le escucha decir.

La justicia en Bolivia

Al cumplirse tres años del gobierno de Luis Arce en el poder existe una crisis judicial notoria que, lejos de resolverse, se ha agudizado en los últimos años. Como consecuencia de ésta, en Bolivia existen, según algunos analistas y activistas, más de 200 presos políticos a los que no les fueron respetados sus derechos y que están siendo amedrentados y acosados.

Además de los mencionados, entre los casos más dramáticos de presos políticos están el del dirigente de los cocaleros de Los Yungas, César Apaza, y el del exdirector de Migración del gobierno de Añez, Marcel Rivas. Ambos se encuentran enfermos y pese a su situación procesal, no han sido liberados.

Dirigentes políticos y analistas advirtieron además que el sometimiento del sistema judicial hacia el Gobierno del MAS es casi total e incluso se habla de que existe “tortura judicial” en contra de algunos presos políticos dictada desde entidades estatales.

En medio de un panorama de conflicto interno y división dentro del partido gobernante, la reforma judicial ha quedado fuera de la agenda de gobierno, pese a haber habido tres intentos que no prosperaron.