De la amenaza revocatorio al desafío de una policía “propia”

Varios desafíos y una amenaza muy específica fueron formulados en el cabildo nacional simultáneo, pero no sincronizado que se celebró ayer en las principales capitales de departamento con mayor o menor afluencia. Tarija cumplió con las expectativas a los pies del Moto Méndez. Santa Cruz, que era donde se jugaba el calificativo, rebosaba de gente una vez más.

La mecánica fue similar en todo del país, con tres puntos más o menos concertados entre todos los comités cívicos: respaldar la reforma judicial; pedir Ley de Amnistía para los presos políticos en un mes bajo amenaza de revocatorio e instar a la unidad de la oposición para consensuar un proyecto político.

Hubo un cuarto consenso, que es novedad, pues básicamente pide que los principales tribunales de Justicia – Constitucional, Agroambiental y Supremo además del Consejo de la Magistratura – se conformen mediante el voto popular, pero sobre ternas elegidas por las asambleas departamentales y ya no por la Asamblea Plurinacional. En Santa Cruz se entregó el proyecto de Ley a la Brigada Parlamentaria y se le encomendó su gestión, pero lo cierto es que necesitará grandes equilibrios en el hemiciclo para que salga adelante… pero con la situación interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), imposible no es.

Cabildo en La Paz 

Cada departamento sumó ahí sus demandas regionales. En Tarija se habló de las deudas del centralismo, en el Beni del Tipnis y en Potosí del litio, pero donde se fue más lejos fue, de nuevo, en Santa Cruz.

En Tarija se consultó específicamente sobre el Pacto Fiscal y el proceso de federalización, pero en Santa Cruz no, pues avalados en que su cabildo del 13 de noviembre ya dio potestad para avanzar en una nueva relación con el Estado, entregó dos leyes al presidente de la Asamblea, Zvonko Matkovic, con temas peliagudos: el primero plantea la creación de la figura del Defensor del Pueblo Departamental y el segundo, la creación de una Policía Departamental para ocuparse de las tareas de Seguridad Ciudadana.

El primero, pasa, pero el segundo supone un desafío mayúsculo al gobierno, pues el nivel central es el único que tiene competencias para ejercer la violencia. Varios constitucionalistas advierten de que la maniobra no es legal, pero reconocen que en la gestión política todo es posible.

En Santa Cruz hubo además un emotivo último punto, cuando el hijo de Luis Fernando Camacho, del mismo nombre, leyó la carta de su padre en la cual introdujo una pregunta pidiendo permiso para seguir gobernando desde Chonchocoro. Salió que sí, obviamente.

Al final de los cabildos, la multitud se disolvió más o menos diligentemente. Los desafíos son grandes y los medios para alcanzarlos, conociendo, complicados.

Cabildo en Trinidad 

Gobierno ve fracaso

No había acabado el cabildo cuando el Viceministerio de Comunicación ya había repartido la agenda de medios del día siguiente bajo el tema: fracaso del cabildo. La negación del otro se ha convertido en la práctica política más habitual.

El argumento principal del gobierno es que “el Cabildo nacional fue un fracaso, el comiteismo (cruceño) intentó expandir su demanda a nivel nacional, pero no tuvieron aceptación” como señaló la viceministra Gabriela Alcón. A partir de ahí, nadie quiere entrar en valorar las demandas ni en calcular las amenazas.

De entrada, se presupone que el Tribunal Constitucional bloqueará una legislación relativa a crear un cuerpo policial y que no habrá nada observable en la conformación de un Defensor del Pueblo departamental.

Los dos puntos referidos a la Justicia son contradictorios entre sí, pues por un lado se apuesta por el referéndum para la reforma que paralizaría la elección y por otro, de nombrar ternas desde las Asambleas Departamentales para que se sometan a votación. Desde hace un mes el ministro de Justicia Iván Lima anda planteando modificaciones al reglamento de selección, pues sin los dos tercios y con la que tiene liada en casa, la posibilidad de que salga malparado del proceso es grande.

Lo propio con la Ley de Amnistía que lleva pegada su amenaza de revocatorio. Rechazar la ley supone activar el revocatorio en el que no solo está interesada la oposición, sino también el evismo, por lo que con probabilidad se utilizarán todo tipo de artimañas parlamentarias para mantenerla con vida, pero sin posibilidades.

El cabildo no ha cambiado el escenario político, pero le ha añadido tensión y plazos. Veremos en qué deriva.