La CAO rechaza la suspensión de exportaciones

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazó este jueves la suspensión de las exportaciones y exige la anulación de dicha medida porque atenta contra el sistema productivo y toda su cadena de valor. Califica de falaz que sea para garantizar la seguridad alimentaria.

“Ante la irracionalidad de la medida de la suspensión de exportaciones de soya y de soya y derivados, carnes y azúcar solicitamos al Sr. presidente Luis Arce la anulación inmediata de la medida de suspensión temporal de exportaciones”, dice un pronunciamiento de la entidad.

El miércoles, el Gobierno resolvió suspender las exportaciones de los productos de soya y sus derivados, además del azúcar, aceite y carne de res, esto a raíz del paro indefinido que ejecutan las instituciones del departamento de Santa Cruz exigiendo censo 2023.

Precisan que el mensaje del Gobierno “carece de veracidad” dado que los productos exportables son excedentarios, por lo que no afecta el abastecimiento interno.

“Las exportaciones del sector agropecuario en este 2022 llegan a $us 3.111 millones cifra al mes de agosto, superando ampliamente las exportaciones del mismo sector del año 2011”.

La CAO sostiene que la suspensión de exportaciones pone en evidencia la “falacia” que estas acciones son para garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos.

“Esta errónea e incoherente medida, no solo es en detrimento de la región, afecta directamente a la imagen país, a los compromisos y contratos internacionales, a la apertura de nuevos mercados”, sostiene la organización.

Pone en cuestión que haya algún país vaya a querer hacer negocios con Bolivia, si al mínimo conflicto interno, la solución es quitar el único progreso que ha tenido nuestra economía en los últimos años.

Trato injusto

Sobre el tema, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó que decisiones políticas están conduciendo peligrosamente al país a un escenario de confrontación, en el cual sufren un trato injusto de parte del Gobierno.

Mediante un comunicado, los empresarios advirtieron sobre este escenario que sería de “vulneración generalizada de los derechos y garantías constitucionales”.

Mencionaron que “suspender las exportaciones de productos alimenticios es una medida política y profundamente injusta”, que tiene graves consecuencias sobre la economía nacional.