Plan International Bolivia expresa su preocupación por la cantidad embarazos precoces y las violaciones sexuales a niñas y adolescentes

Plan International Bolivia, organización no gubernamental que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, expresó su preocupación por el número elevado de embarazos adolescentes en Bolivia, muchos como consecuencia de violaciones que resultan en la maternidad forzada. Por ello, la ONG recomienda a los distintos niveles del Estado, realizar acciones articuladas para fortalecer a servicios públicos dirigidos a niñas y adolescentes para asegurar el ejercicio de sus derechos.

“Estamos altamente preocupados por la situación de violencia contra las niñas y mujeres en Bolivia. La violencia está normalizada. Vemos la falta de justicia, de impunidad hacia las personas que cometen estos actos tan graves como la violación, los feminicidios y los abusos infantiles”, afirma la directora País de PIB, Emma Donlan.

En 2021, —según el reportaje de la revista La Brava: “Desconocimiento y arreglos fuera de la justicia obligan a niñas violadas a ser madres”—  solo el 11,6% (271) de 2.329 menores de 15 años embarazadas, se acogió a la Sentencia Constitucional 0206/2014. Esta norma posibilita que la interrupción legal del embarazo (ILE) se puede practicar sin necesidad de orden judicial y en el marco de las 24 horas, una vez solicitada la intervención. La ILE está totalmente regulada en Bolivia en caso de cuatro causales —violación, incesto, malformación del feto o que la vida de la mujer gestante corra peligro—.

 “Muchas veces las niñas o adolescentes y sus familias no conocen esta posibilidad o son negadas por instituciones públicas o entidades religiosas que arrebatan la posibilidad de ejercer su derecho a una interrupción legal del embarazo”, afirma Donlan.

Matrimonios forzados

Las violaciones y los embarazos adolescentes, muchas veces derivan en el matrimonio forzado para niñas y adolescentes. En el “Informe Del Estudio de Matrimonio y Uniones Forzadas de Niñas en Bolivia” (2018) —que realizó Plan International Bolivia junto a UNFPA— se identificó que en las áreas rurales y pueblos indígenas los casos de embarazo son más altos: una de cada cinco adolescentes está casada o en una unión antes de los 18 años.

Según los datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), entre 2016 y 2017, el 0,86% (17.000) del total de embarazos fueron de adolescentes y niñas menores de 15 años, pero en el área rural este porcentaje sube a 1,4%.

Pese a esa información, Donlan precisa que hay un subregistro y que hay una cifra elevada de violaciones que no se denuncia. Esto se debe a que la precariedad del sistema de justicia, que arrastra múltiples casos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas sin resolver y también, que las víctimas tienen miedo de sufrir una revictimización o la irresolución de sus casos.

PIB ratifica que cuando una adolescente se embaraza en el área rural, como resultado de la violencia sexual u otras causas, suele ser que las familias pactan para que la adolescente conviva o se case con el agresor.

“El mismo abusador se encarga de la niña o adolescente. A esto nos referimos a un matrimonio infantil forzado y maternidad forzada. Los sueños y el potencial de las adolescentes son socavados; en muchos casos, ellas abandonan el colegio, se quiebran sus proyectos de vida, sufren discriminación y son condenadas a una vida de mayor violencia, conviviendo con sus agresores”, relata Donlan.

Recomendaciones

“Plan International Bolivia hace una llamada a las autoridades del Estado, tanto al nivel nacional, departamental como municipal, para fortalecer las medidas de prevención contra la violencia hacia las niñas.”, afirma la directora país de PIB.

Pide que las autoridades trabajen de manera articulada para optimizar el desempeño de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), Defensorías de la Niñez y la atención en los centros de salud y hospitales. Además, enfatiza en la urgente necesidad de fortalecer el trabajo de otros sectores responsables de la protección de los derechos de las niñas y adolescentes, como la Policía, la Fiscalía, y el sistema de Justicia.

Asimismo, hace hincapié en que “luchar contra la violencia hacia las niñas y adolescentes es responsabilidad de todos y todas”. Por ello, PIB trabaja con autoridades comunales, colegios, profesores y familias, concientizándoles para que no sean cómplices y denuncien estos delitos. “Por ejemplo, promovemos que cuestionen los niveles de violencia y humillación en los noviazgos, lo que actualmente está normalizado”.

Las acciones de PIB

Más del 60% de la población con la que trabaja PIB en Bolivia son niñas y adolescentes que viven principalmente en el área rural. Actualmente implementa seis proyectos dirigidos a la prevención del embarazo adolescente y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Entre éstos están el Programa exige y decide tus derechos; Proyecto Arriba; Proyecto Enfócate; Programa regional de juventudes; Camino a casa II; Conocer, prevenir y actuar; y Transformando nuestras vidas.