Acusan al Gobierno de Áñez de graves violaciones a DDHH

En su informe mundial, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció que el gobierno de Jeanine Áñez violó los derechos humanos, protegió con decretos los abusos de uniformados, usó a fiscales y jueces para perseguir a militantes del partido MAS, compró respiradores con sobreprecio, abandonó a 1.300 bolivianos en la frontera con Chile y dejó sin educación a niñas y niños bolivianos.

El informe, en lo referido a los Derechos Humanos, indica que "al menos 37 personas murieron en hechos de violencia relacionados con las manifestaciones, y más de 800 resultaron heridas, según informó la Defensoría del Pueblo".

"Dos manifestantes contrarios a Morales fueron asesinados en la localidad de Montero. Veinte personas murieron en dos masacres en Sacaba y Senkata, en las cuales agentes de las fuerzas de seguridad, según numerosos testigos, abrieron fuego contra manifestantes partidarios de Morales", añadió.

"Las masacres –agrega el reporte- se produjeron luego de un decreto emitido por la presidenta interina Áñez el 15 de noviembre de 2019 que otorgaba al Ejército facultades excesivamente amplias para el empleo de la fuerza contra los manifestantes. Con esto, se envió el peligroso mensaje de que los soldados no tendrían que rendir cuentas por los abusos que cometieran. En respuesta a las críticas, la presidenta Áñez derogó el decreto".

"La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo documentaron numerosos casos de detenciones arbitrarias y de torturas por policías en la ciudad de El Alto el 11 de noviembre de 2019", indica el reporte de Human Rights Watch.

El gobierno de Áñez "utilizó de manera abusiva el sistema judicial para perseguir a colaboradores y partidarios de Morales y no impulsó investigaciones independientes de las violaciones de derechos humanos ni los actos de violencia relacionados con las elecciones que se produjeron en octubre y noviembre de 2019", menciona parte del informe de HRW.

El documento señala que "la presidenta interina Áñez emitió decretos que habrían eximido a militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios”.

Sobre la libertad de expresión, Human Rights Watch indica que "el gobierno interino adoptó políticas que amenazaban la libertad de expresión".