El GIEI recibe los documentos de las víctimas de Sacaba

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió el sábado con familiares de fallecidos y víctimas de los hechos violentos registrados en Sacaba, en 2019, durante los conflictos postelectorales.

El GIEI-Bolivia está compuesto por Patricia Tappatá, Juan Méndez, Marlon Weichert, Magdalena Correa Henao y Julian Burguer, expertos que recibieron documentación de parte de los representantes de las víctimas de Sacaba. Entre los papeles se indicó que se encuentra la lista de los fallecidos, la nómina de los heridos, con sus respectivos certificados forenses legalizados, y una relación de los nombres de las personas que fueron detenidas.

En 2019, durante los conflictos postelectorales, sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron protestas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata, para rechazar la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, luego de que éste fue acusado de promover un fraude electoral en los comicios generales del 20 de octubre de ese año. En Sacaba fallecieron 10 personas y otras 95 resultaron heridas, mientras que en Senkata murieron 10 personas y otras 65 fueron heridas, durante intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas a ambas movilizaciones.

Durante el encuentro, las víctimas de los hechos de Sacaba pidieron justicia a los expertos internacionales que iniciaron su trabajo el lunes, tras la firma de un documento con el Gobierno. El canciller Rogelio Mayta, en esa oportunidad, advirtió que “tenemos expertos internacionales porque lastimosamente nuestro sistema de administración de justicia no es creíble para los propios bolivianos y eso tenemos que aceptarlo con hidalguía”.

Pese al inicio de la labor de este grupo, la justicia ordinaria continuó con el proceso instaurado por las muertes en Sacaba. Dentro de sus actuados, el jueves dispuso la detención preventiva del general de Brigada Aérea Alfredo Cuéllar, jefe militar de la guarnición en Cochabamba. Esta decisión fue cuestionada por los militares en servicio pasivo, quienes advirtieron que el caso debió ser juzgada por la Justicia Militar.

El Alto Mando Militar, por su lado, se declaró “desconcertada” con las actuaciones de la justicia ordinaria sobre Cuéllar. Además, pidió una investigación imparcial en este caso.