El trabajo de la comisión inicia este lunes 23 de noviembre
Seis expertos de la CIDH indagarán violencia de 2019
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) estará integrado por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez, Marlon Weichert y Jaime Vidal
A solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un grupo de seis expertos independientes investigará, desde este lunes en Bolivia, los hechos de violencia suscitados entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año.
El trabajo de estos especialistas "no está limitado a hechos específicos y puede alcanzar distintos actos de violencia y violación a los derechos humanos cometidos durante el periodo asignado", señala un reporte divulgado este fin de semana por la CIDH.
De este modo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) estará integrado por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez, Marlon Weichert y Jaime Vidal, quien será el Secretario Ejecutivo de esta entidad.
Estos personeros se reunirán este lunes con autoridades y ofrecerán una conferencia de prensa en la que darán detalles de la instalación de este grupo que permanecerá en el país durante seis meses, un plazo que puede ser ampliado a merced de un acuerdo con el Gobierno.
El GIEI-Bolivia iniciará su trabajo en el marco del Acuerdo suscrito el 12 de diciembre de 2019 por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos.
"Desde su instalación, el GIEI-Bolivia desarrollará su trabajo de manera independiente e imparcial. Programará encuentros con víctimas y testigos, autoridades, así como con organizaciones de la sociedad civil respetando las normas sanitarias de cuidado que exige el contexto de pandemia. Además, recurrirá a cualquier fuente de investigación que considere relevante, además de las que le proporcionen sus contrapartes en el Estado y las organizaciones de la sociedad civil boliviana", señala el reporte de la CIDH.
El ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró el domingo que la investigación que realizará este grupo de expertos no tiene por qué frenar las pesquisas que realiza la Fiscalía boliviana sobre los delitos que se cometieron el pasado año.
Entre estos acontecimientos figura, por ejemplo, las operaciones violentas de Sacaba y Senkata ordenadas por el régimen transitorio de Jeanine Añez contra ciudadanos desarmados que salieron a protestar para defender sus derechos políticos.
ONU llama a consolidar la paz
La oficina en Bolivia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó a las instituciones nacionales, el Gobierno y los actores políticos del país para se hagan todos los esfuerzos para preservar la paz, tras el hito electoral que permitió la superación de la crisis política.
"Naciones Unidas llama a redoblar esfuerzos para consolidar la paz, los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y la superación de diferencias por la vía del diálogo, y reafirma su compromiso de acompañar al país", señaló el organismo en un comunicado divulgado este domingo.
El organismo internacional precisó que el pronunciamiento fue emitido al cumplirse un año de los entendimientos mínimos fijados por Movimiento Al Socialismo (MAS) y el gobierno de transición con miras a superar la crisis política de 2019 a miras a restituir la institucionalidad y la democracia.
Hace un año, con la facilitación de la Conferencia Episcopal de Bolivia y acompañantes internacionales, emergió el acuerdo de "de superar la crisis, proteger la vida, contener y prevenir la violencia, y asegurar la celebración de un proceso electoral transparente, creíble e inclusivo".
Para ello, y con el respaldo de una resolución del Senado, solicitaron a Naciones Unidas la ejecución de un programa basado la asistencia electoral; derechos humanos e igualdad de género, así como diálogos y cooperación.
Desde entonces, Naciones Unidas acompañó a Bolivia con asistencia técnica al Tribunal Supremo Electoral y a los tribunales departamentales (...); monitoreó la situación de derechos humanos para unos comicios participativos y libres de violencia.