Familia Marinkovic y Fundación Tierra en polémica por titulación de tierras agrarias

La familia del ministro de Economía Branko Marinkovic y la Fundación Tierra protagonizan una polémica sobre titulación de tierras a nivel del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Los empresarios aseguran la validez de sus trámites, pero según la entidad el proceso tiene observaciones jurídicas de fondo por tratarse de tentativas de apropiación ilegal de tierras fiscales y de latifundios que no cumplen la Función Económico Social (FES).

La Fundación denuncia actuaciones de favorecimiento a grandes agropecuarios y exhorta a las autoridades a transparentar la información agraria de la gestión 2020 y “explicar qué se hizo y cuál es la situación jurídica actual de las dos propiedades del ministro Marinkovic”.

Acusa al gobierno de Jeanine Añez de haber ocultado deliberadamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios, qué extensiones tienen las propiedades tituladas y cuáles son las resoluciones de respaldo emitidas por INRA, a partir del Decreto Supremo Nº 4320 en fecha 31 de agosto de 2020 que favorece al agropoder.

Señala que se enteraron que el INRA estaría consolidando a favor del ministro Marinkovic las propiedades en la Empresa Agropecuaria “Laguna Corazón” de 12.480 hectáreas y 21.000 hectáreas en la Empresa Agropecuaria “Tierras Bajas del Norte”, sumando un total de 33.480 hectáreas. Observan que la cantidad titulada supera el límite máximo de 5.000 hectáreas establecido en la Constitución Política del Estado.

La familia Marinkovic Jovicevic aseguró, a través de un comunicado, que Branko no tiene ninguna relación ni es accionista de la Empresa “Laguna Corazón” y que la titulación es un trámite que duró diez años y ha concluido con una sentencia del Tribunal Constitucional que, el 17 de junio de 2020, dispuso que el INRA emita resolución final de saneamiento.

Aseguran que desde el momento en que las tierras fueron compradas legalmente, hace una década, sus propietarios cumplieron las normas en vigencia y la Constitución Política del Estado.

Lamentan que el principal responsable de la Fundación, Miguel Urioste, intente ganar favores políticos ante el MAS con una falsa denuncia que vulnera el buen nombre de la familia.