Plantean retomar diálogo sobre la Ley de Garantías

El proyecto de Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos o Ley de Garantías, que fue aprobada por la Cámara de Senadores y ahora debe ser debatida por la Cámara de Diputados, mantiene en conflicto a un sector del Movimiento al Socialismo (MAS) y al gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Mientras Áñez asegura que frenará la iniciativa y no la avalará, parte de la bancada del partido de Evo Morales sostiene que el legislativo promulgará la norma “sí o sí”.

Otros apuestan por el diálogo. Es el caso de la presidenta del Senado, Eva Copa, quien este lunes planteó restituir la mesa de negociaciones con todos los actores y mediadores entorno a la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos o Ley de Garantías.

"Creemos nosotros que en temas de conflicto la mejor solución son las mesas de diálogo, deponer posiciones y debatir las ideas en mesa y no en la calle", afirmó y dijo que apela a la madurez política del Ejecutivo, para optar por una actitud concertadora.

La Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos plantea que, en los casos de personas con detención preventiva por su participación en las movilizaciones políticas a partir del 21 de octubre de 2019, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en coordinación con el Ministerio Público serán las instancias que determinen la cesación de la detención preventiva, si fuera arbitraria.

"No se va a encubrir ningún delito, lo que nosotros queremos es la plena garantía del cumplimiento de los Derechos Humanos para todos los bolivianos y bolivianas", dijo Copa.

Por su parte, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó que el Ejecutivo asistirá al diálogo que convoque la Presidenta del Senado, pero que de ninguna manera permitirá legalizar la impunidad para nadie.

"Nos vamos a sentar en todas las mesas de diálogo que se den. Me he reunido con la presidenta Eva Copa para que en estas mesas de diálogo se siga trabajando para la pacificación del país y vamos a ir donde se tenga que ir para el cumplimiento de acuerdos", aseveró.

Según el Ministro de Justicia, una de las reuniones que debe efectuarse es con los familiares de las víctimas de los hechos de violencia en Senkata y Sacaba.

"No sé por qué no quieren que nos reunamos, nosotros queremos dialogar con ellos", dijo.

En este contexto, aseguró que, de haber la necesidad de replantear los decretos de asistencia humanitaria para las familias de las víctimas de los hechos de violencia, entre octubre y noviembre del pasado año, también se dialogará sobre este aspecto.

"Desde el Gobierno no vamos a permitir la puesta en vigencia de la Ley de Garantías, no vamos a permitir la impunidad para nadie que haya cometido delitos, sea en la anterior gestión o en esta gestión, tiene que ponerse a disposición de la justicia", aseveró Coímbra.

Legisladores

Desde Cochabamba el diputado del MAS, Manuel Mamani, dijo que esta semana este proyecto de ley será tratado en la Cámara Baja. “Nosotros la vamos a aprobar esta semana, seguramente el día martes, porque es necesaria, hay muchas persecuciones. Por esta razón se la aprobará y se esperará los 10 días que se establece para que la promulgue la compañera Áñez, de todas maneras, si no la promulga nosotros en el Congreso vamos a hacerlo”, dijo el asambleísta.

Mientras tanto, las bancadas opositoras al MAS mantienen su postura de impedir que esta ley se encamine y promulgue, por considerar que atenta contra la seguridad del país y respalda con “impunidad” a quienes generaron violencia en los hechos de octubre y noviembre.

“Hemos impugnado porque (...) la Cámara de Senadores ha realizado una aprobación viciada de nulidad y eso le quita validez, están buscando quedar bien con sus bases”, manifestó el senador de Demócratas, Oscar Ortiz.