Albarracín: Sánchez Berzaín tiene derecho de volver, pero el Estado no puede perdonarle sus delitos
El representante del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, afirmó este viernes que el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, tiene todo el derecho de retornar a Bolivia, pero que eso no significa que el Estado perdone los delitos de lesa humanidad que existen...



El representante del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, afirmó este viernes que el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, tiene todo el derecho de retornar a Bolivia, pero que eso no significa que el Estado perdone los delitos de lesa humanidad que existen en su contra.
“Si Sánchez Berzaín dice que quiere volver al territorio boliviano, está en su derecho de retornar porque de eso no se le priva, pero no significa que el Estado está en la obligación de perdonar los crímenes que han cometido”, manifestó Albarracín en entrevista con ANF.
Para el miembro del Conade, el Estado debe otorgarle a Sánchez Berzaín todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa y así pueda ser juzgado de la manera más transparente.
“Las personas que han vulnerado derechos y han cometido crímenes de lesa humanidad o han protagonizado masacres en distintas coyunturas están en la obligación de responder ante la justicia”, dijo Albarracín, quien recordó que el exministro de Defensa también debe responder por los hechos violentos de febrero de 2003.
El pasado miércoles, en contacto con una emisora boliviana, el exministro de Defensa del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada anunció que junto a otras tres exautoridades enviaron una carta a la presidenta interina, Jeanine Áñez, para solicitarle la anulación del Decreto de Amnistía que emitió el expresidente Carlos Mesa en octubre de 2003, ya que ello podría dar las condiciones para su retorno.
En palabras del exministro, aquel decreto posibilitó que se encubra a los “verdaderos responsables” de los hechos violentos en el denominado Octubre Negro de 2003, cuyo resultado fue la muerte de más de 60 personas y la existencia de cientos de heridos de bala, tras la intervención de las Fuerzas Armadas en el conflicto social que tuvo como epicentro la ciudad de El Alto y a Albarracín como Defensor del Pueblo.
Estos trágicos acontecimientos derivaron en la renuncia y posterior huida a Estados Unidos de Sánchez de Lozada y otras autoridades, entre ellas Sánchez Berzaín, quienes a 16 años de Octubre Negro aún permanecen en el país del norte y ven posible su retorno tras la caída del gobierno de Evo Morales.
“Esos decretos, si son dejados sin efecto, van a reponer la igualdad jurídica de las partes y van a permitir una investigación adecuada donde, como yo lo he ofrecido, vuelvo al país para poner a Evo Morales en la cárcel, él fue el conspirador, fue el violento desde siempre no solo en 2003 y fue el beneficiario de los hechos de sangre de ese año”, explicó Sánchez Berzaín.
Caída de Evo no es igual a impunidad
Albarracín indicó que la caída del gobierno de Morales, hecho suscitado en noviembre pasado, no puede ser interpretada como la garantía de impunidad para los responsables de genocidio y delitos de lesa humanidad.
“Entonces, no por el hecho de que el gobierno de Morales se haya extinguido, por el incremento del repudio ciudadano, significa que los anteriores violadores de derechos humanos alcancen carta de ciudadanía. Sánchez Berzaín es tan responsable de atropellos a derechos humanos como lo es Evo Morales”, dijo.
Asimismo, cuestionó que el exministro asuma actualmente el papel de defensor de los derechos humanos pese a las acusaciones de delitos graves que pesan en su contra.
“Me parece irónico que Sánchez Berzaín ahora pretenda aparecer como paladín de los derechos humanos, pese a que tiene similares grados de culpabilidad que un Evo Morales o un Juan Ramón Quintana. Lo que no puede hacer es evadir la justicia y acusar. Él se ha jactado de ser un refugiado político y si lo detienen probablemente va a decir que es preso político”, aseveró.
Tomado de ANF
“Si Sánchez Berzaín dice que quiere volver al territorio boliviano, está en su derecho de retornar porque de eso no se le priva, pero no significa que el Estado está en la obligación de perdonar los crímenes que han cometido”, manifestó Albarracín en entrevista con ANF.
Para el miembro del Conade, el Estado debe otorgarle a Sánchez Berzaín todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa y así pueda ser juzgado de la manera más transparente.
“Las personas que han vulnerado derechos y han cometido crímenes de lesa humanidad o han protagonizado masacres en distintas coyunturas están en la obligación de responder ante la justicia”, dijo Albarracín, quien recordó que el exministro de Defensa también debe responder por los hechos violentos de febrero de 2003.
El pasado miércoles, en contacto con una emisora boliviana, el exministro de Defensa del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada anunció que junto a otras tres exautoridades enviaron una carta a la presidenta interina, Jeanine Áñez, para solicitarle la anulación del Decreto de Amnistía que emitió el expresidente Carlos Mesa en octubre de 2003, ya que ello podría dar las condiciones para su retorno.
En palabras del exministro, aquel decreto posibilitó que se encubra a los “verdaderos responsables” de los hechos violentos en el denominado Octubre Negro de 2003, cuyo resultado fue la muerte de más de 60 personas y la existencia de cientos de heridos de bala, tras la intervención de las Fuerzas Armadas en el conflicto social que tuvo como epicentro la ciudad de El Alto y a Albarracín como Defensor del Pueblo.
Estos trágicos acontecimientos derivaron en la renuncia y posterior huida a Estados Unidos de Sánchez de Lozada y otras autoridades, entre ellas Sánchez Berzaín, quienes a 16 años de Octubre Negro aún permanecen en el país del norte y ven posible su retorno tras la caída del gobierno de Evo Morales.
“Esos decretos, si son dejados sin efecto, van a reponer la igualdad jurídica de las partes y van a permitir una investigación adecuada donde, como yo lo he ofrecido, vuelvo al país para poner a Evo Morales en la cárcel, él fue el conspirador, fue el violento desde siempre no solo en 2003 y fue el beneficiario de los hechos de sangre de ese año”, explicó Sánchez Berzaín.
Caída de Evo no es igual a impunidad
Albarracín indicó que la caída del gobierno de Morales, hecho suscitado en noviembre pasado, no puede ser interpretada como la garantía de impunidad para los responsables de genocidio y delitos de lesa humanidad.
“Entonces, no por el hecho de que el gobierno de Morales se haya extinguido, por el incremento del repudio ciudadano, significa que los anteriores violadores de derechos humanos alcancen carta de ciudadanía. Sánchez Berzaín es tan responsable de atropellos a derechos humanos como lo es Evo Morales”, dijo.
Asimismo, cuestionó que el exministro asuma actualmente el papel de defensor de los derechos humanos pese a las acusaciones de delitos graves que pesan en su contra.
“Me parece irónico que Sánchez Berzaín ahora pretenda aparecer como paladín de los derechos humanos, pese a que tiene similares grados de culpabilidad que un Evo Morales o un Juan Ramón Quintana. Lo que no puede hacer es evadir la justicia y acusar. Él se ha jactado de ser un refugiado político y si lo detienen probablemente va a decir que es preso político”, aseveró.
Tomado de ANF