El MAS encamina la aprobación de la ley de garantías

Pese a los cuestionamientos y rechazo de diferentes sectores, la Asamblea Legislativa, bajo el impulso de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), busca tratar la ley de garantías constitucionales, que entre otros aspectos prevé la protección para autoridades electas y dirigentes sindicales.

El proyecto consta de 13 artículos y de acuerdo a afirmaciones desde diferentes sectores políticos, se trataría de una intención en otorgar “impunidad” a ex autoridades de Gobierno como Evo Morales y a líderes sindicales que formaron parte de los últimos conflictos registrados en noviembre en diferentes regiones del país.

“Esta es una ley de amnistía para Evo Morales, Juan Ramón de la Quintana, dirigentes y ex autoridades del MAS. Es un exceso y un insulto al pueblo boliviano porque lo que buscan es que queden impunes de todos los delitos de terrorismo, de sedición, de organización criminal y de lesa humanidad”, manifestó el diputado por Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos.

Uno de los artículos más cuestionados de este proyecto es el 9 que establece sobre “garantía para los sectores sociales” que el “Estado boliviano a través de sus cuatro Órganos, sus instituciones, el Ministerio Público, la Policía boliviana y las Fuerzas Armadas, garantizan el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para todos los líderes sociales, dirigentes sindicales, y personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”.

De igual forma esta norma propone “protección” en su artículo 10: “Las autoridades electas, dirigentes sindicales, sociales, cívicos, las detalladas en el artículo 1 de la presente ley y su entorno familiar cercano serán protegidas por los Órganos del Estado, Ministerio Publico, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. II. Las personas protegidas por la presente ley para el resguardo efectivo de los derechos que estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida, integridad física, propiedad privada estén en peligro, a sola denuncia verbal o escrita ante las autoridades correspondientes, de manera inmediata podrán activar las acciones de protección necesarias, pertinentes y eficaces”

Ante la consulta de intentar buscar impunidad para ex autoridades de Gobierno, el diputado por el MAS, Franklin Flores dijo que no se busca proteger a personas específicas.  “No es una ley de amnistía, es una ley que garantiza las libertades constitucionales establecidas en la misma Constitución, al igual que el derecho a la libre expresión, la presunción de inconciencia y el debido proceso”.

El asambleísta manifestó que estas garantías se establecerán a partir de los hechos ocurridos luego del 20 de octubre.

A pocos días de asumir como presidenta, Jeanine Áñez afirmó que no promulgará ninguna ley que busque dar impunidad.