Contraloría inicia proceso coactivo a Del Granado
La Contraloría General del Estado (CGE) presentó este lunes una demanda de proceso por la vía coactiva fiscal en contra del ex alcalde de La Paz, Juan del Granado, y otros seis ex funcionarios municipales para recuperar el dinero cobrado por Juan Brun por la demolición ilegal de su vivienda...
La Contraloría General del Estado (CGE) presentó este lunes una demanda de proceso por la vía coactiva fiscal en contra del ex alcalde de La Paz, Juan del Granado, y otros seis ex funcionarios municipales para recuperar el dinero cobrado por Juan Brun por la demolición ilegal de su vivienda de cuatro pisos.
La información está consignada en un comunicado oficial de la CGE, en el que argumenta que una auditoría identificó a "ex servidores públicos municipales como responsables de un daño económico al Estado de Bs 19.924.748".
En mayo de 2000, el alcalde Juan del Granado instruyó la demolición de la vivienda de cuatro pisos de Juan Brun, ubicada en la avenida Costanera, porque supuestamente fue construida en predios municipales.
Posteriormente, Brun inició una demanda por mejor derecho propietario y en junio de 2002 el Juez Primero de Partido Civil y Comercial le dio la razón y dispuso que un perito establezca el monto de la indemnización.
Ese resarcimiento fue fijado en 19.924.748 de bolivianos. En septiembre de 2017, el alcalde Luis Revilla, ex militante del Movimiento Sin Miedo (MSM), partido de Del Granado, hizo efectivo ese pago en favor de la familia Brun, según el abogado Joseph Lino.
Los Brun cobraron 14.513.963 bolivianos, y el resto fue dividido entre los dos profesionales que siguieron el proceso.
La Contraloría presentó la demanda de coactivo fiscal a las 09:27 de este lunes, mediante el Sistema Integrado de Registro Fiscal, y el caso fue asignado al Juzgado Cuarto de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario.
Los demandados son siete ex funcionarios municipales: "Juan del Granado, Simón Ruiz Paz Corrales, Juan Gonzalo Ruiz Paz Corrales, Gonzalo Ruiz Paz, Cecilia Julia Real Guzmán, Roberto Javier Moscoso Valderrama y Aida del Rosario Camacho Bermúdez", precisa la querella.
Los dos últimos ejercían en el cargo de Concejal y Directora Jurídica, respectivamente.
El ente fiscalizador señala que la auditoría titulada "Reparación patrimonial de daños y perjuicios ordenada por autoridad judicial, a favor de Juan Brun Guzmán (...) a causa de hecho ilícito generador de responsabilidad ejecutiva por el ex gobierno municipal de La Paz (...)" encontró que los ex servidores públicos mencionados son responsables de daño económico al Estado.
El documento reseña que el 4 de abril de este año comunicó al Gobierno Municipal de La Paz que debe iniciar un proceso coactivo fiscal, en contra de los sindicados para recuperar el monto; sin embargo, la Alcaldía se habría negado a hacerlo, pues en mayo remitió un oficio "donde se informa que no iniciará la acción coactiva fiscal, exponiendo argumentos varios".
En conclusión, la Contraloría asumió la responsabilidad de procesar a Del Granado por la vía coactiva fiscal para recuperar los 19,9 millones de bolivianos.
La información está consignada en un comunicado oficial de la CGE, en el que argumenta que una auditoría identificó a "ex servidores públicos municipales como responsables de un daño económico al Estado de Bs 19.924.748".
En mayo de 2000, el alcalde Juan del Granado instruyó la demolición de la vivienda de cuatro pisos de Juan Brun, ubicada en la avenida Costanera, porque supuestamente fue construida en predios municipales.
Posteriormente, Brun inició una demanda por mejor derecho propietario y en junio de 2002 el Juez Primero de Partido Civil y Comercial le dio la razón y dispuso que un perito establezca el monto de la indemnización.
Ese resarcimiento fue fijado en 19.924.748 de bolivianos. En septiembre de 2017, el alcalde Luis Revilla, ex militante del Movimiento Sin Miedo (MSM), partido de Del Granado, hizo efectivo ese pago en favor de la familia Brun, según el abogado Joseph Lino.
Los Brun cobraron 14.513.963 bolivianos, y el resto fue dividido entre los dos profesionales que siguieron el proceso.
La Contraloría presentó la demanda de coactivo fiscal a las 09:27 de este lunes, mediante el Sistema Integrado de Registro Fiscal, y el caso fue asignado al Juzgado Cuarto de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario.
Los demandados son siete ex funcionarios municipales: "Juan del Granado, Simón Ruiz Paz Corrales, Juan Gonzalo Ruiz Paz Corrales, Gonzalo Ruiz Paz, Cecilia Julia Real Guzmán, Roberto Javier Moscoso Valderrama y Aida del Rosario Camacho Bermúdez", precisa la querella.
Los dos últimos ejercían en el cargo de Concejal y Directora Jurídica, respectivamente.
El ente fiscalizador señala que la auditoría titulada "Reparación patrimonial de daños y perjuicios ordenada por autoridad judicial, a favor de Juan Brun Guzmán (...) a causa de hecho ilícito generador de responsabilidad ejecutiva por el ex gobierno municipal de La Paz (...)" encontró que los ex servidores públicos mencionados son responsables de daño económico al Estado.
El documento reseña que el 4 de abril de este año comunicó al Gobierno Municipal de La Paz que debe iniciar un proceso coactivo fiscal, en contra de los sindicados para recuperar el monto; sin embargo, la Alcaldía se habría negado a hacerlo, pues en mayo remitió un oficio "donde se informa que no iniciará la acción coactiva fiscal, exponiendo argumentos varios".
En conclusión, la Contraloría asumió la responsabilidad de procesar a Del Granado por la vía coactiva fiscal para recuperar los 19,9 millones de bolivianos.
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