Caso taladros: Ortiz anuncia impugnar sobreseimiento a Achá, que lo libera de varios delitos

El senador Óscar Ortiz y candidato presidencial por Bolivia dice No, anunció la impugnación al sobreseimiento formal en contra del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, a quien la Fiscalía liberó de cuatro delitos y sólo le responsabilizó de incumplimiento de deberes, dentro del proceso por la compra de taladros con sobreprecio de aproximadamente $us 30 millones.

“Con indignación hemos tomado conocimiento que el ex presidente de YPFB ha sido sobreseído por casi todos los delitos por los cuales fue acusado por el escándalo de la compra de taladros con sobreprecios (…). Hoy he presentado al Ministro de Justicia, al Contralor General del Estado y al presidente de YPFB requerimientos para que impugnen la resolución del sobreseimiento”, sostuvo en conferencia de prensa.

El 16 de mayo, ANF informó que el Ministerio Público acusó formalmente al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, por incumplimiento de deberes y lo liberó de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento.

El legislador de oposición dijo que con la impugnación se pretende que se mantengan todos los delitos por los cuales se imputó a Guillermo Achá.

“Según la acusación solo se estaría contemplando el incumplimiento de deberes que sería el delito menor y por tanto con una pena menor, cuando a los otros funcionarios de menores rangos se les ha dado acusaciones por delitos mayores, a él se le favoreció porque se le dio detención domiciliaria cuando otros funcionarios subalternos han permanecido en la cárcel durante varios meses”, mencionó.

Según Ortiz, esto demuestra la protección desde los más altos niveles del Gobierno de Evo Morales al ex presidente de YPFB “y solo se puede explicar como una forma de comprar su silencio porque seguramente había otras autoridades relacionadas con este negociado”.

En el caso taladros, el propio Ministerio de Hidrocarburos a través de su Unidad de Transparencia identificó varias irregularidades, como el direccionamiento para favorecer en la compra a la italiana Drillmec, así como la falta de cumplimiento de normas internas para llevar adelante un proceso transparente de adquisición.

El Código Penal establece que toda persona que incurra en el delito de incumplimiento de deberes debe recibir una sanción de uno a cuatro años de prisión.
Tomado de ANF