Menacho explica tema jurídico legal de Quiborax

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, explicó el viernes por la noche el procedimiento jurídico legal que acompañó el caso Quiborax en una conferencia que se realizó en el Centro de Convenciones “Trinidad”.
“El origen del arbitraje se produce con el ilegal decreto que emite Carlos Mesa y por el incumplimiento a la Ley que le mandaba hacer seis auditorias que nunca realizó”, dijo ante un auditorio lleno de profesionales.
Rememoró que en mayo de 1986 el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro declaró reserva fiscal el Salar de Uyuni con el Decreto Supremo 21260, que prohibía otorgar concesiones en un perímetro de 2.362 hectáreas al interior de esa reserva natural, pero en el gobierno de Hugo Banzer Suarez y Jorge Quiroga, a solicitud del senador Gonzalo Valda, se promulgó la Ley 1854 de abril de 1998, que redujo el perímetro a 1.344 hectáreas.
Afirmó que usando tráfico de influencias, el ex funcionario del Ministerio de Minería, David Moscoso, y accionista mayoritario de la compañía Rio Grande, obtuvo las concesiones mineras de ulexita en el delta del Rio Grande del Salar de Uyuni y, posteriormente, fueron vendidas a la empresa chilena Quiborax.
Recordó que el litigio judicial se remonta a junio de 2004, cuando el entonces gobierno de Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
Precisó que Mesa incumplió la Ley que establecía realizar auditorías técnicas, jurídicas, laborales, medioambientales y económicas para declarar nulas esas concesiones y recuperarlas a favor del Estado boliviano, en un plazo de 60 días.
La actividad fue coordinada entre la Procuraduría del Estado, el Colegio de Abogados del Beni y la administración departamental.