Subprocurador: Mesa es responsable en el caso Quiborax
El subprocurador del Estado, Javier Moncada, aseguró el domingo que el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) es responsable por acción y omisión en el caso Quiborax, y lo acusó de politizar y mediatizar el asunto que es estrictamente jurídico. “Entonces el ex presidente...



El subprocurador del Estado, Javier Moncada, aseguró el domingo que el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) es responsable por acción y omisión en el caso Quiborax, y lo acusó de politizar y mediatizar el asunto que es estrictamente jurídico.
“Entonces el ex presidente Carlos Mesa es doblemente responsable por acción por emitir un decreto supremo contrario a las leyes vigentes y por omisión porque no cumple las leyes que él mismo promulga”, indicó en entrevista con medios estatales.
En junio, Bolivia hizo efectivo el pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras un fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), que tomó en cuenta la decisión de Mesa quien dictó mediante una norma la “revocatoria” de las concesiones en el salar de Uyuni.
Moncada explicó que el ex mandatario promulgó la Ley 2564 en 2003 que establecía la realización de auditorías para sustentar la “anulación” de las concesiones de la empresa extranjera; sin embargo, tales auditorías no se efectuaron y Mesa no explicó la razón.
Agregó que en 2004 el actual portavoz de la demanda marítima aprobó el Decreto 27589 que disponía la “revocatoria” de las concesiones, figura que no formaba parte del ordenamiento del Estado y que sirvió para el laudo dictado por el CIADI.
“Mesa vulnera el procedimiento de seguir la nulidad, para eso era la auditoria, y por decreto establece la revocatoria de concesiones”, señaló. El Subprocurador aseguró que
nadie está en desacuerdo con la determinación que tomó de proteger los recursos naturales, pero debe reconocer que se alejó del ordenamiento jurídico vigente en el país.
“No hay problema con Carlos Mesa como tal, la Procuraduría hace la defensa legal del Estado, somos abogados del Estado y nos compete cuando hay probabilidad de delito trasladar al Ministerio Público”, mencionó.
Según dijo, Mesa pretende “mezclar el tema jurídico con otros como la democracia y su condición de portavoz, situación que no corresponde, pues él debe limitarse a explicar al fiscal qué hizo y qué no hizo en el caso Quiborax. Mesa Por su parte, Carlos Mesa solicitó
el viernes a la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) hacer gestiones para reactivar el proceso penal contra representantes de Quiborax por falsificación, con el
objetivo de que reparen el daño económico causado al Estado en este caso.
El ex presidente sostiene la Procuraduría hizo una pésima defensa de Bolivia en este litigio y que a causa de ello, es que el gobierno lleva adelante una persecución en su contra.
“Entonces el ex presidente Carlos Mesa es doblemente responsable por acción por emitir un decreto supremo contrario a las leyes vigentes y por omisión porque no cumple las leyes que él mismo promulga”, indicó en entrevista con medios estatales.
En junio, Bolivia hizo efectivo el pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras un fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), que tomó en cuenta la decisión de Mesa quien dictó mediante una norma la “revocatoria” de las concesiones en el salar de Uyuni.
Moncada explicó que el ex mandatario promulgó la Ley 2564 en 2003 que establecía la realización de auditorías para sustentar la “anulación” de las concesiones de la empresa extranjera; sin embargo, tales auditorías no se efectuaron y Mesa no explicó la razón.
Agregó que en 2004 el actual portavoz de la demanda marítima aprobó el Decreto 27589 que disponía la “revocatoria” de las concesiones, figura que no formaba parte del ordenamiento del Estado y que sirvió para el laudo dictado por el CIADI.
“Mesa vulnera el procedimiento de seguir la nulidad, para eso era la auditoria, y por decreto establece la revocatoria de concesiones”, señaló. El Subprocurador aseguró que
nadie está en desacuerdo con la determinación que tomó de proteger los recursos naturales, pero debe reconocer que se alejó del ordenamiento jurídico vigente en el país.
“No hay problema con Carlos Mesa como tal, la Procuraduría hace la defensa legal del Estado, somos abogados del Estado y nos compete cuando hay probabilidad de delito trasladar al Ministerio Público”, mencionó.
Según dijo, Mesa pretende “mezclar el tema jurídico con otros como la democracia y su condición de portavoz, situación que no corresponde, pues él debe limitarse a explicar al fiscal qué hizo y qué no hizo en el caso Quiborax. Mesa Por su parte, Carlos Mesa solicitó
el viernes a la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) hacer gestiones para reactivar el proceso penal contra representantes de Quiborax por falsificación, con el
objetivo de que reparen el daño económico causado al Estado en este caso.
El ex presidente sostiene la Procuraduría hizo una pésima defensa de Bolivia en este litigio y que a causa de ello, es que el gobierno lleva adelante una persecución en su contra.