Conflictos enquistados
Las redes que mantienen activa la guerra en Sudán
Organizaciones de derechos humanos acusan a EAU de apoyar a los rebeldes incluso por medio del envío de mercenarios colombianos
La guerra civil que devasta a Sudán desde 2023 sigue escalando impulsada por una compleja red de apoyos internacionales, mercenarios extranjeros y disputas internas entre las facciones enfrentadas, mientras la población civil enfrenta una de las peores crisis humanitarias del planeta.
Según un reportaje de Deutsche Welle (DW), a comienzos de este año el líder militar sudanés Abdel Fattah al-Burhan incorporó a las filas del ejército a Al Nour Ahmed Adam, excomandante de las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en una de las deserciones más significativas registradas en el conflicto.
Actualmente, las fuerzas regulares controlan la capital, Jartum, además de Puerto Sudán y gran parte del este del país, mientras las FAR mantienen posiciones estratégicas en el oeste, especialmente en la región de Darfur y en la ciudad de Al Fasher.
Consecuencias Cerca de 12 millones de personas han abandonado sus hogares y casi 20 millones padecen hambre aguda
La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que estas deserciones no deben traducirse en impunidad. El investigador sudanés Mohamed Osman sostuvo que quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos “no pueden quedar impunes simplemente por cambiar de bando”.
El monitor internacional Armed Conflict Location & Event Data Project considera que estas fugas reflejan tensiones internas crecientes dentro de las FAR, donde distintas facciones compiten violentamente por el control de recursos y territorios.
Pero el conflicto no se explica únicamente dentro de Sudán. Diversos informes internacionales sostienen que ambas facciones reciben apoyo extranjero. Las FAR son señaladas por recibir respaldo de Emiratos Árabes Unidos, además de Etiopía, Libia, Chad y Kenia, mientras el ejército cuenta con apoyo de Egipto, Arabia Saudita, Turquía, Eritrea e incluso presunta ayuda militar de Irán.
Fuentes de inteligencia citadas por The Wall Street Journal señalaron ya en 2024 que Emiratos habría suministrado drones, armamento pesado, vehículos y municiones a las fuerzas rebeldes. En 2025, Amnesty International afirmó haber encontrado evidencias de que Abu Dabi reexportó armamento chino a las FAR, aunque Emiratos rechazó estas acusaciones.
A fines de mayo, HRW publicó además el informe De Bogotá a Al Fasher, donde documenta cómo cientos de exmilitares colombianos fueron reclutados desde 2024 para combatir junto a los rebeldes. La investigación vincula este reclutamiento con la empresa de seguridad emiratí Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi.
La dimensión internacional del conflicto contrasta con la tragedia humanitaria interna. Una misión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que el asedio a Al Fasher presenta “características de genocidio”.
Distintas organizaciones coinciden en que Sudán vive hoy la mayor crisis de desplazamiento del mundo: cerca de 12 millones de personas han abandonado sus hogares y casi 20 millones padecen hambre aguda, según el Programa Mundial de Alimentos.








