Las víctimas invisibles del doble sismo que sacudió Venezuela

La destrucción provocada por el doble sismo que sacudió el estado venezolano de La Guaira el pasado 24 de junio va mucho más allá de los edificios derrumbados. Un estudio de ANOVA Policy Research advierte que más de 100.000 personas podrían quedar fuera de la ayuda si la respuesta se limita a reconstruir viviendas y no atiende la pérdida de ingresos, servicios básicos y medios de vida.

La investigación, publicada el 23 de julio, cruzó imágenes satelitales de daños con un Índice de Vulnerabilidad Social y concluyó que las zonas más afectadas físicamente no siempre coinciden con las de mayor fragilidad social. En total, antes del desastre, 187.305 de los 310.592 habitantes de las siete parroquias de La Guaira ya vivían en condiciones de vulnerabilidad.

El informe identifica un grupo prioritario de 105.681 personas que combina alta vulnerabilidad y graves daños materiales. Sin embargo, el mayor riesgo de desatención recae sobre otras 112.225 personas que conservaron sus viviendas, pero perdieron sus fuentes de ingreso debido a la paralización de la actividad económica.

Omar Zambrano, economista jefe de ANOVA y coautor del estudio, explica que buena parte de la población dependía del empleo público, el puerto, el aeropuerto, el comercio informal y el turismo, sectores que quedaron prácticamente paralizados tras el terremoto. "Quizás no se te cayó la casa, pero se te cayó la vida", resume.

Ante esta situación, el estudio propone levantar un registro de los hogares afectados para identificar a quienes perdieron sus ingresos y establecer programas de protección social. Entre las medidas sugeridas figuran transferencias monetarias temporales durante al menos un año, la reubicación laboral de empleados públicos y mecanismos que canalicen parte de la ayuda a través de comerciantes y empresas locales para evitar el colapso definitivo de la economía.

Los investigadores también alertan sobre las limitaciones institucionales del Estado venezolano para responder con criterios técnicos. La ausencia de estadísticas sociales actualizadas y el deterioro de las capacidades públicas dificultan la planificación de una reconstrucción eficiente.

Según Zambrano, si las familias que perdieron su sustento no reciben apoyo oportuno, muchas podrían verse obligadas a abandonar la región o emigrar, agravando el impacto económico y social del desastre en La Guaira.