Milei: "Un paso fundamental para sacar a Argentina del pantano"

Casi tres meses después de que el Congreso argentino avalara y, a los pocos días, rechazara la ambiciosa ley “ómnibus” del presidente ultraderechista Javier Milei, la cámara baja convalidó nuevamente el proyecto, aunque con sustanciales cambios respecto de la propuesta original. No obstante –y a falta de la ratificación por el Senado en los próximos días–, el texto permitirá a Milei avanzar en la desregulación y el desmantelamiento parcial del Estado argentino.

El proyecto original tenía cerca de 600 artículos y el que finalmente fue aprobado, poco más de 200. Sin embargo, permitirá sacar adelante la reforma laboral, la privatización de empresas estatales, el desmantelamiento de organismos públicos, modificar el régimen de pensiones o una reforma tributaria para atraer grandes inversiones que incluye una amnistía fiscal para regularizar dinero negro. La norma también otorga poderes especiales al presidente, que durante un año podrá ejercer funciones legislativas en función de la declaración de “emergencia pública” en materia administrativa, económica, financiera y energética”.

El aspecto energético es remarcable porque, además de los hidrocarburos –Argentina es productor– apunta a aumentar las inversiones para la explotación del litio del norte del país, lo que le garantiza el apoyo de los senadores que responden a los gobernadores provinciales norteños.

Aprobada por el Congreso, la ley “ómnibus” del presidente aún debe ser ratificada por el Senado

El partido de Milei, La Libertad Avanza, solo tiene 38 escaños en la cámara baja, pero la denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, contó con el voto favorable de la mayoría de diputados de los grupos que están más cerca de la opción ideológica del presidente que del peronismo opositor: el macrista Propuesta Republicana (Pro) y la Unión Cívica Radical (UCR), además del peronismo más conservador.

El texto fue aprobado en general con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. El debate comenzó el lunes a mediodía (hora local) y se alargó durante una maratónica sesión ininterrumpida de más de 26 horas que acabó el martes.

En febrero, el proyecto también fue aprobado en general por el Congreso, pero a la semana siguiente fue tumbado en la votación por artículos, desatando uno de los frecuentes ataques de ira de Milei, con virulentos ataques a los diputados que rechazaron su propuesta, especialmente contra legisladores no peronistas. En cambio, el martes se mostró satisfecho y tuiteó que "este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas”, agradeciendo a los legisladores que apoyaron la ley por haber entendido “el momento histórico”.

Se privatizarán empresas como Aerolíneas Argentinas y se cerrarán un centenar de organismos estatales

Si finalmente el Senado la ratifica, la ley permitirá la privatización de compañías estatales como Aerolíneas Argentinas, la radiotelevisión pública o Correos. Milei consiguió el aval de diputados reticentes a cambio de no privatizar empresas como YPF o de salvar un puñado de organismos estatales, del centenar que serán desmantelados. Entre los que se salvan están el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet) o el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); entre los que cerrarían, figura el Banco Nacional de Datos Genéticos, que atesora los perfiles genéticos de desaparecidos durante la dictadura y cuyo trabajo es clave para la identificación de sus restos y, sobre todo, para la recuperación de la identidad de las decenas de personas que, siendo bebés, fueron robados por los militares.

Convocada para el 9 de mayo: Los sindicatos ratifican la segunda huelga general contra Milei

Encabezados por la central obrera peronista CGT, los sindicatos argentinos se manifestaron ayer por el Día del Trabajo y ratificaron la convocatoria, el 9 de mayo, de la segunda huelga general contra los recortes del presidente Javier Milei. Uno de los puntos aprobados en la ley “ómnibus” es la reforma laboral que, entre otras cosas, amplía de tres a seis meses –en algunos casos, podría extenderse hasta el año– el periodo de prueba de los contratos de trabajo, ahorrando a las empresas la indemnización por despido. La ley también elimina la pensión mínima para los jubilados que no hayan cotizado durante 30 años. En cuanto a la reforma tributaria, la norma permitirá una amnistía para evasores fiscales y bajar impuestos a grandes capitales, a la vez que reducir la base del impuesto sobre la renta, que ahora pagarán los trabajadores que cobren más de 1.900 euros al mes, algo que también rechazan los sindicatos.