Aceleran procesos contra aliados de Castillo en Perú

En Perú avanza la persecución judicial contra los aliados del expresidente Pedro Castillo, luego que las autoridades judiciales allanaron el domicilio de la exprimera ministra de Perú, Betssy Chávez, y las oficinas de 18 congresistas.

La televisión local mostró a los integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ingresar en 41 inmuebles ubicados en las regiones de Lima, Lambayeque, Ucayali, Pasco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y La Libertad.

La nueva diligencia la realizó el Ministerio Público en el marco de las investigaciones relacionadas a la presunta organización criminal, cuyo líder sería el expresidente Pedro Castillo, y que se habría enquistado en diversas instituciones del Estado.

“Estamos tranquilos con la medida cautelar de allanamiento porque el comportamiento procesal de la excongresista Chávez ha sido intachable", informó su abogado Erwin Siccha.

"Desde el día uno se sometió a las investigaciones en todas las carpetas fiscales. Ha informado constantemente su cambio de domicilio. Hemos coadyuvado con la investigación. Hemos aportado pruebas y presentado argumentos”, añadió.

Por su parte, la también excongresista escribió en sus redes sociales: “Allanen todo lo que quieran y busquen todo lo que quieran, no encontrarán ningún solo indicio de irregularidad o delito. Por esa misma razón, desde el caso de supuesta rebelión o conspiración, solicité que hicieran esta diligencia”.

Desde que fue electo en 2021, Castillo fue víctima de una “persecución antidemocrática”, denunciaron México, Colombia, Argentina y Bolivia, y agregaron que se debe respetar la voluntad del pueblo peruano.

En fecha reciente, Anahí Durand Guevara, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el Gobierno de Castillo denunció en entrevista con un diario mexicano que el poder Judicial y la Fiscalía “están completamente coludidos” con Dina Boluarte, presidenta designada de Perú.

La socióloga y política peruana afirmó que el Poder Judicial en su país ha actuado de manera nunca antes vista pues reinterpretó la Constitución para encarcelar a un Presidente en funciones y cuestionó el actuar de los poderes encargados de impartir justicia.

La Justicia de Perú extendió hace dos meses a 36 meses la prisión preventiva por presunta corrupción al expresidente Castillo, detenido desde diciembre.

Castillo fue destituido por el Congreso y llevado el 7 de diciembre del 2022 al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, situada al este de Lima.