Ley Malena: Puebla es el primer estado en México que endurece penas por ataques con ácido

El estado de Puebla, al centro de México, se convirtió en la primera entidad del país en tipificar como tentativa de feminicidio los ataques con ácido, químicos y corrosivos, una iniciativa promovida por la activista María Elena Ríos, quien en septiembre de 2019 fue atacada con una sustancia tóxica.

Las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del estado, fueron aprobadas por unanimidad por los legisladores el pasado jueves.

Los cambios establecen una pena de 20 a 40 años de prisión para quien inflija lesiones internas, externas o ambas a una mujer con sustancias cáustica, inflamables, irritantes o similares. Además de que se obliga a los atacantes a pagar una multa de 34.000 a 69.000 pesos. 

El pasado septiembre, la Cámara de Diputados federal aprobó una reforma para catalogar a los ataques ácidos como una violencia física contra las mujeres, mientras que en noviembre el Senado pasó un proyecto que busca imponer de 7 a 13 años de prisión a quien ataque con ácido a una mujer, sin embargo, la medida aún debe ser votada en la cámara Baja. 

De esta forma, Puebla se convierte en el primer estado en adoptar la también llamada 'Ley Malena', denominada en honor de Ríos, quien desde que fuese agredida presuntamente por un sicario enviado por su expareja —el político Juan Vera Carrizal— se ha dedicado a combatir la "violencia ácida", promoviendo la adopción de reformas a nivel nacional y local en la materia. 

"Gracias por impulsar la causa", celebró la saxofonista y maestra oaxaqueña en redes sociales, tras la votación de los parlamentarios poblanos, quien elevaron la gravedad del delito al considerarlo como una tentativa de feminicidio y no solo como un tipo de agresión.  

De acuerdo con datos presentados por la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, en los últimos 10 años se registraron 797 casos de agresiones con ácido en México, de los cuales 47 ocurrieron en 2022 y se recibieron 222 amenazas, informan medios locales.