Movilizaciones pacíficas
Confirman violación de DDHH en Colombia
La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta



La Misión de solidaridad Internacional y Derechos Humanos que llegó a Colombia el 25 de mayo, confirmó por medio de un informe divulgado ayer el exceso de la fuerza pública contra las movilizaciones pacíficas.
En sus conclusiones el colectivo advierte que el Estado colombiano debe ser investigado porque a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo.
Señala en el texto que la represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
Considera que debe ser investigado por el despliegue sobre la población civil e indefensa, prácticas inscritas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos.
'El Estado colombiano debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo', representado por jóvenes de barrios populares, estudiantes, mujeres, miembros de la comunidad LGTBIQ, indígenas, afrodescendientes, entre otros, señala.
Enfatiza que el pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia.
La Misión Internacional llegó a Colombia convocada por diversas organizaciones sociales con el objetivo de constatar in situ la grave situación denunciada.
Señala en su informe preliminar sobre violación de DDHH, que, a lo largo y ancho del país, la mayoría del pueblo salió a las calles con una consigna unificadora: A Parar para Avanzar.