Alcalde peruano en la mira de fiscales anticorrupción

El alcalde conservador de la capital peruana, Luis Castañeda, aguarda que un juez decida sobre un pedido de la fiscalía anticorrupción, de que se prohíba su salida del país, mientras se le investiga.

La medida, que prevé una posible fuga, usualmente es el primer paso tras el cual la mayor acumulación de indicios ha permitido que los fiscales pidan la prisión preventiva de investigados por corrupción de alto nivel relacionados con empresas brasileñas.

Entre ellos, están sujetos a tal encierro el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, encarcelada desde hace ocho meses.

En el caso de Castañeda, el fiscal Carlos Puma pidió que sea impedido de viajar al exterior en los próximos ocho meses, como garantía de continuidad de las investigaciones e interrogatorios, para los que ha sido citado sin asistir, invocando diversas razones.

Uno de los elementos que llevaron a Puma a solicitar la medida, es la confesión del ex presidente de la empresa brasileña OAS Leo Pinheiro, de que se reunió varias veces con Castañeda y acordaron que la compañía le diera un aporte electoral de 220 mil dólares, que se hizo efectivo.

El pedido de impedimento de salir del país se extiende al ex funcionario del municipio limeño Martín Bustamante, hombre de confianza de Castañeda y señalado por Pinheiro como receptor del citado aporte.

También a la ex funcionaria Giselle Zegarra y José Luna, ex socio político del alcalde y dueño de la universidad privada Telesup, que hizo transferencias por más de 500 mil dólares a Castañeda, oficiando de intermediaria de OAS, según hipótesis del fiscal Puma, así como a los indagados Jaime Villafuerte y Bruno Lucchetti.

Otra ilegalidad atribuida a Castañeda es la de acordar con OAS el proyecto y la realización de una obra municipal antes de asumir el cargo, a lo que se suma la presunción de que favoreció con adendas ilegales que elevaban los costos de otro proyecto en marcha, para lo cual nombró en posiciones claves a Villafuerte y Luchetti.

Castañeda ejerce la alcaldía por tercera vez y durante las dos anteriores o después de las mismas fue objeto de denuncias, la principal el veloz pago de una millonaria deuda del municipio con una empresa privada que la había vendido a bajo precio a una compañía de fachada ligada al hoy investigado y su entorno.

En el caso se libró de una condena judicial al alegar que había dado poder pleno de decisión a los gerentes de la municipalidad, por lo que estos eran responsables de todas las operaciones en esa instancia.