Piden a Bolsonaro explicar decreto para portar armas

La jueza Rosa Weber, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, decidió ayer conceder cinco días al presidente Jair Bolsonaro para que explique el decreto firmado por él que facilitó el porte de armas.

El plazo, sin embargo no comenzó porque Bolsonaro aún no ha sido notificado de tal determinación.

Firmado el 7 de mayo, la orden de Bolsonaro facilita el porte de armas para un conjunto de profesiones, como abogados, camioneros y políticos electos, desde el presidente de la República hasta concejales.

El derecho al porte es la autorización para transportar el artefacto bélico fuera de casa.

Además, permite que equipos de uso restringido de las policías militares, de la Policía Federal y del Ejército sean ahora comprados y usados por civiles que cumplan los requisitos.

También amplía la cantidad de municiones que pueden ser adquiridas por año, permite que se practique tiro deportivo sin necesidad de aval de la justicia y abre el mercado para la importación.

Un día después de la rúbrica de la polémica iniciativa, el partido Red Sostenibilidad (REDE) pidió al Supremo que anule el decreto.

Según REDE, la disposición es inconstitucional por herir el principio de la separación de poderes porque, en la evaluación del partido, las reglas deberían haber sido discutidas en el Congreso Nacional.

Además del presidente, Weber también solicitó valoraciones al respecto del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro.

También abrió espacio para que la Abogacía General de la Unión (AGU), las cámaras de Diputados y Senado también se manifiesten sobre el decreto.

Para el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, existen aspectos del texto que contrarían algunas normas establecidas en la Carta Magna.

La posesión de armas es una de las principales banderas de Bolsonaro, quien también está a favor de la pena de muerte para los bandidos.

El ex capitán del Ejército flexibilizó en enero la posesión de armas de fuego para moradores de ciudades violentas y áreas rurales, además de funcionarios públicos que ejerzan funciones con poder de policía y propietarios de establecimientos comerciales.