Para jóvenes inmigrantes que reclaman abuso, la protección de EEUU puede ser esquiva
Mientras crecía en el este de Honduras, José dijo que su padre solía emborracharse y golpearlo con un látigo de caballo y el lado plano de un machete. También contó que observó cómo su papá, un agricultor de café cuyos cultivos sucumbieron a plagas, golpeaba a su madre en la cabeza...
Mientras crecía en el este de Honduras, José dijo que su padre solía emborracharse y golpearlo con un látigo de caballo y el lado plano de un machete.
También contó que observó cómo su papá, un agricultor de café cuyos cultivos sucumbieron a plagas, golpeaba a su madre en la cabeza con una pistola y la envió al hospital por tres días.
A los 17 años, dijo José, contrató a un coyote para que lo llevara a Estados Unidos, buscando escapar de su vida hogareña y de enfrentamientos violentos entre sus familiares, así como para buscar mejores oportunidades para él y sus hermanos.
Fue recogido por agentes fronterizos y luego liberado en espera de los procedimientos de deportación.
Después de luchar para conseguir un buen abogado, José solicitó a los 19 años una protección especial en un programa para jóvenes inmigrantes sometidos a maltrato infantil, incluido el abuso, negligencias o abandonos.
Pero al igual que un número creciente de solicitantes, su petición se topó con una serie de obstáculos, y luego fue denegada. Ahora él está apelando.
“Es como un proceso de estar esperando (...) Ni para adelante ni para atrás”, dijo José, que ahora tiene 22 años y vive en Nueva York. Habló bajo la condición de que no se usara su apellido porque está trabajando sin permiso y no quiere poner en peligro su apelación.
“Nunca avanzas en la vida”, agregó.
Mientras el presidente Donald Trump presiona por construir un muro físico en la frontera sur del país, los jóvenes que afirman ser elegibles para la protección bajo el programa de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés) enfrentan cada vez más una barrera menos publicitada: mayores demandas de papeleo.
Los datos obtenidos por Reuters en virtud de la Ley de Libertad de Información muestran que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) aumentaron recientemente las demandas de documentos adicionales a través de “solicitudes de evidencia” y “avisos de intención de denegar”.
(Para obtener un gráfico -en inglés- sobre el Programa especial para jóvenes inmigrantes, haga clic en: tmsnrt.rs/2EFeDV7)
El programa permite a los inmigrantes menores de 21 años solicitar la residencia permanente en Estados Unidos si un tribunal estatal determina que necesitan protección y que regresar a sus países de origen sería inseguro. Desde 2010, se han aprobado alrededor de 54.000 solicitudes.
En el año fiscal 2016, antes de que Trump asumiera el cargo, el USCIS emitió 347 “solicitudes de evidencia”, muestran los datos. Un año después, la agencia emitió 4.153, mientras que el número total de solicitudes nuevas aumentó solo levemente.
Los “avisos de intención de denegación”, una de las últimas oportunidades para enviar información adicional antes de que se rechace una petición, se duplicaron en el año fiscal a 767 en 2017 en comparación con el año fiscal 2016.
Mientras tanto, las aprobaciones de pedidos de estatus de inmigrantes juveniles especiales se redujeron en casi un 60 por ciento en el año fiscal 2018 en comparación con el año anterior, a 4.712, mientras que las denegaciones aumentaron más del 88 por ciento, según datos federales.
El portavoz de USCIS Michael Bars dijo en una declaración que la agencia evalúa cada solicitud caso por caso y que pedir evidencia adicional “reduce las solicitudes y solicitudes frívolas, disminuye el desperdicio y ayuda a mejorar la integridad y la eficiencia del proceso de solicitud de inmigración”.
Los defensores y abogados de los inmigrantes han recurrido al programa de protección especial como una vía para ofrecer a los jóvenes inmigrantes que han venido de pasados violentos un camino hacia la residencia legal en Estados Unidos. Algunos solicitan asilo al mismo tiempo.
Pero durante años, los críticos han visto el programa juvenil y otras formas de alivio legal para los centroamericanos, incluidas algunas protecciones de asilo, como “lagunas” que son demasiado permisivas y terminan fomentando una mayor inmigración.
Es “sorprendentemente fácil para cualquier menor que esté representado por un abogado cumplir con los requisitos de la ley, independientemente de que hayan sido objeto de abuso, negligencia y abandono”, dijo Jessica Vaughan, del Centro de Estudios de Inmigración, que apoya el aumento en las restricciones.
“UNA PARTE DEL PLAN”
Los abogados especializados en migración dicen que el Gobierno está utilizando una puerta trasera administrativa para frenar el programa.
Argumentan que muchas de las solicitudes de evidencia adicional son técnicas. Por ejemplo, requieren una prueba de que la orden de un tribunal estatal se emitió de acuerdo con la ley de ese estado.
Estos defensores señalan que una gran parte de los casos impugnados por la administración de Trump son aquellos como los de José, en los cuales los solicitantes presentaron sus solicitudes entre los 18 y 21 años, y en los que el gobierno impugnó la jurisdicción de los tribunales estatales de familia en el proceso.
Los grupos de derechos de inmigración han demandado al gobierno en los estados de California, Nueva York y Washington por lo que dicen son denegaciones generales de peticiones de ese grupo de más edad.
En la demanda de California, un juez emitió en febrero un fallo preliminar contra la administración, señalando que los tribunales estatales sí tienen jurisdicción. Se espera un fallo pronto en Nueva York, y la demanda de Washington se presentó el martes.
“Estos casos posteriores a 18 son las frutas que están más a mano”, dijo Maria Odom, la exombudsman independiente del USCIS bajo el mandato de Barack Obama.
“Es solo una parte del plan general (de la administración) para destruir las protecciones a los menores no acompañados para tratar de detener el flujo”, agregó.
VIDAS EN ESPERA
Detrás de las disputas hay un conflicto sobre el propósito de la ley de 1990 que autoriza el programa de protección juvenil.
La normativa se aprobó en respuesta a las crecientes preocupaciones de que los niños extranjeros se queden sin hogar o huérfanos en Estados Unidos debido a un abandono o situaciones familiares abusivas.
La elegibilidad se amplió en el 2008 bajo una ley contra el tráfico de personas en Estados Unidos para incluir a los niños abandonados por un solo padre, incluso si el otro los cuidaba.
Las solicitudes se dispararon durante el gobierno de Obama luego de un aumento en el número de menores no acompañados que cruzaban la frontera de Estados Unidos y México, muchos de ellos de países violentos de América Central.
El Gobierno recibió 1.646 solicitudes para la protección en el año fiscal 2010. En 2018, el número de solicitudes aumentó más de trece veces.
“Esto no es lo que la ley original anticipó”, dijo Vaughan del Centro para Estudios de Inmigración. “Estaba destinada a niños que fueran víctimas del tráfico”.
Según el estatuto, se supone que el USCIS debe procesar las solicitudes en seis meses, pero Randi Mandelbaum, quien administra una clínica de asistencia legal en la Escuela de Derecho de Rutgers que asesora a niños de inmigrantes recibidos de acogida, dijo que está manejando una decena de casos que llevan pendientes más de un año.
Las demoras pueden ser dolorosas, dijo.
Los jóvenes “ya son muy vulnerables y ahora no pueden seguir adelante”, dijo Mandelbaum. “Sus vidas están en espera”.
Tomado de Reuters
También contó que observó cómo su papá, un agricultor de café cuyos cultivos sucumbieron a plagas, golpeaba a su madre en la cabeza con una pistola y la envió al hospital por tres días.
A los 17 años, dijo José, contrató a un coyote para que lo llevara a Estados Unidos, buscando escapar de su vida hogareña y de enfrentamientos violentos entre sus familiares, así como para buscar mejores oportunidades para él y sus hermanos.
Fue recogido por agentes fronterizos y luego liberado en espera de los procedimientos de deportación.
Después de luchar para conseguir un buen abogado, José solicitó a los 19 años una protección especial en un programa para jóvenes inmigrantes sometidos a maltrato infantil, incluido el abuso, negligencias o abandonos.
Pero al igual que un número creciente de solicitantes, su petición se topó con una serie de obstáculos, y luego fue denegada. Ahora él está apelando.
“Es como un proceso de estar esperando (...) Ni para adelante ni para atrás”, dijo José, que ahora tiene 22 años y vive en Nueva York. Habló bajo la condición de que no se usara su apellido porque está trabajando sin permiso y no quiere poner en peligro su apelación.
“Nunca avanzas en la vida”, agregó.
Mientras el presidente Donald Trump presiona por construir un muro físico en la frontera sur del país, los jóvenes que afirman ser elegibles para la protección bajo el programa de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés) enfrentan cada vez más una barrera menos publicitada: mayores demandas de papeleo.
Los datos obtenidos por Reuters en virtud de la Ley de Libertad de Información muestran que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) aumentaron recientemente las demandas de documentos adicionales a través de “solicitudes de evidencia” y “avisos de intención de denegar”.
(Para obtener un gráfico -en inglés- sobre el Programa especial para jóvenes inmigrantes, haga clic en: tmsnrt.rs/2EFeDV7)
El programa permite a los inmigrantes menores de 21 años solicitar la residencia permanente en Estados Unidos si un tribunal estatal determina que necesitan protección y que regresar a sus países de origen sería inseguro. Desde 2010, se han aprobado alrededor de 54.000 solicitudes.
En el año fiscal 2016, antes de que Trump asumiera el cargo, el USCIS emitió 347 “solicitudes de evidencia”, muestran los datos. Un año después, la agencia emitió 4.153, mientras que el número total de solicitudes nuevas aumentó solo levemente.
Los “avisos de intención de denegación”, una de las últimas oportunidades para enviar información adicional antes de que se rechace una petición, se duplicaron en el año fiscal a 767 en 2017 en comparación con el año fiscal 2016.
Mientras tanto, las aprobaciones de pedidos de estatus de inmigrantes juveniles especiales se redujeron en casi un 60 por ciento en el año fiscal 2018 en comparación con el año anterior, a 4.712, mientras que las denegaciones aumentaron más del 88 por ciento, según datos federales.
El portavoz de USCIS Michael Bars dijo en una declaración que la agencia evalúa cada solicitud caso por caso y que pedir evidencia adicional “reduce las solicitudes y solicitudes frívolas, disminuye el desperdicio y ayuda a mejorar la integridad y la eficiencia del proceso de solicitud de inmigración”.
Los defensores y abogados de los inmigrantes han recurrido al programa de protección especial como una vía para ofrecer a los jóvenes inmigrantes que han venido de pasados violentos un camino hacia la residencia legal en Estados Unidos. Algunos solicitan asilo al mismo tiempo.
Pero durante años, los críticos han visto el programa juvenil y otras formas de alivio legal para los centroamericanos, incluidas algunas protecciones de asilo, como “lagunas” que son demasiado permisivas y terminan fomentando una mayor inmigración.
Es “sorprendentemente fácil para cualquier menor que esté representado por un abogado cumplir con los requisitos de la ley, independientemente de que hayan sido objeto de abuso, negligencia y abandono”, dijo Jessica Vaughan, del Centro de Estudios de Inmigración, que apoya el aumento en las restricciones.
“UNA PARTE DEL PLAN”
Los abogados especializados en migración dicen que el Gobierno está utilizando una puerta trasera administrativa para frenar el programa.
Argumentan que muchas de las solicitudes de evidencia adicional son técnicas. Por ejemplo, requieren una prueba de que la orden de un tribunal estatal se emitió de acuerdo con la ley de ese estado.
Estos defensores señalan que una gran parte de los casos impugnados por la administración de Trump son aquellos como los de José, en los cuales los solicitantes presentaron sus solicitudes entre los 18 y 21 años, y en los que el gobierno impugnó la jurisdicción de los tribunales estatales de familia en el proceso.
Los grupos de derechos de inmigración han demandado al gobierno en los estados de California, Nueva York y Washington por lo que dicen son denegaciones generales de peticiones de ese grupo de más edad.
En la demanda de California, un juez emitió en febrero un fallo preliminar contra la administración, señalando que los tribunales estatales sí tienen jurisdicción. Se espera un fallo pronto en Nueva York, y la demanda de Washington se presentó el martes.
“Estos casos posteriores a 18 son las frutas que están más a mano”, dijo Maria Odom, la exombudsman independiente del USCIS bajo el mandato de Barack Obama.
“Es solo una parte del plan general (de la administración) para destruir las protecciones a los menores no acompañados para tratar de detener el flujo”, agregó.
VIDAS EN ESPERA
Detrás de las disputas hay un conflicto sobre el propósito de la ley de 1990 que autoriza el programa de protección juvenil.
La normativa se aprobó en respuesta a las crecientes preocupaciones de que los niños extranjeros se queden sin hogar o huérfanos en Estados Unidos debido a un abandono o situaciones familiares abusivas.
La elegibilidad se amplió en el 2008 bajo una ley contra el tráfico de personas en Estados Unidos para incluir a los niños abandonados por un solo padre, incluso si el otro los cuidaba.
Las solicitudes se dispararon durante el gobierno de Obama luego de un aumento en el número de menores no acompañados que cruzaban la frontera de Estados Unidos y México, muchos de ellos de países violentos de América Central.
El Gobierno recibió 1.646 solicitudes para la protección en el año fiscal 2010. En 2018, el número de solicitudes aumentó más de trece veces.
“Esto no es lo que la ley original anticipó”, dijo Vaughan del Centro para Estudios de Inmigración. “Estaba destinada a niños que fueran víctimas del tráfico”.
Según el estatuto, se supone que el USCIS debe procesar las solicitudes en seis meses, pero Randi Mandelbaum, quien administra una clínica de asistencia legal en la Escuela de Derecho de Rutgers que asesora a niños de inmigrantes recibidos de acogida, dijo que está manejando una decena de casos que llevan pendientes más de un año.
Las demoras pueden ser dolorosas, dijo.
Los jóvenes “ya son muy vulnerables y ahora no pueden seguir adelante”, dijo Mandelbaum. “Sus vidas están en espera”.
Tomado de Reuters
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