Senado de México aprueba la creación de Guardia Nacional
Tras semanas de negociaciones, senadores del oficialismo y la oposición mexicana aprobaron el jueves por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, un polémico cuerpo castrense que se encargará de combatir a las bandas del narcotráfico y del crimen organizado que tienen en vilo al...
Tras semanas de negociaciones, senadores del oficialismo y la oposición mexicana aprobaron el jueves por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, un polémico cuerpo castrense que se encargará de combatir a las bandas del narcotráfico y del crimen organizado que tienen en vilo al país.
La propuesta original, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, había sido fuertemente criticada por organismos de derechos humanos por considerar que implica la militarización del país.
A pesar de tener mayoría en ambas cámaras, Morena, el partido del mandatario mexicano, tuvo que llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas ya que no posee los dos tercios necesarios para hacer reformas constitucionales.
Uno de los principales cambios -y que generó mayores resistencias- fue la jefatura de la Guardia Nacional. En un principio se planteó que fuera militar, pero finalmente será civil. Además, el cuerpo, que contará con 50,000 efectivos de las fuerzas militares, estará sujeto al control parlamentario.
“Evitamos la militarización. Sí se pudo. Habrá paz sin represión y fuerza controlada por la ley y la sociedad”, dijo Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Por su parte, el jefe de la bancada oficialista, Ricardo Monreal, aseguró que era “un día histórico para México”. “Hemos logrado la unanimidad para que la Guardia Nacional sea el cuerpo policial civil encargado de la lucha y prevención del crimen, lo que permitirá desmilitarizar el combate a la delincuencia”, señaló.
Se prevé que el cuerpo entre plenamente en funcionamiento a mediados del sexenio de López Obrador, en 2021.
Cinco años más
En 2006, el ex presidente Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir al narco y sus ramificaciones. Pero tras 12 años, los cárteles de la droga se han fragmentado, fortalecido y su combate ha dejado más de 170,000 muertos y decenas de miles de desaparecidos.
Para luchar contra el flagelo que desangra a la segunda mayor economía de América Latina, López Obrador ha propuesto atacar las causas que generan la violencia combatiendo la desigualdad y la pobreza. Además, propuso retirar a los militares de las calles. Sin embargo, parte del acuerdo logrado el jueves fue que las Fuerzas Armadas seguirán realizando tareas de seguridad por un plazo de cinco años.
“Necesitamos el apoyo del Ejército y de la Marina para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia”, dijo el mandatario el jueves en su rueda de prensa matinal. “Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país porque la gente lo pide”. Además, los miembros civiles de la Guardia Nacional deberán ser juzgados por autoridades civiles y los miembros de las Fuerzas Armadas serán juzgados por autoridades militares.
La reforma constitucional será enviada en los próximos días a la cámara baja para su ratificación. Y, al ser una reforma a la carta magna, debe ser avalada por la mayoría de los congresos estatales. Posteriormente, será sometida a un referéndum para su aplicación, según adelantó López Obrador meses atrás.
La propuesta original, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, había sido fuertemente criticada por organismos de derechos humanos por considerar que implica la militarización del país.
A pesar de tener mayoría en ambas cámaras, Morena, el partido del mandatario mexicano, tuvo que llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas ya que no posee los dos tercios necesarios para hacer reformas constitucionales.
Uno de los principales cambios -y que generó mayores resistencias- fue la jefatura de la Guardia Nacional. En un principio se planteó que fuera militar, pero finalmente será civil. Además, el cuerpo, que contará con 50,000 efectivos de las fuerzas militares, estará sujeto al control parlamentario.
“Evitamos la militarización. Sí se pudo. Habrá paz sin represión y fuerza controlada por la ley y la sociedad”, dijo Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Por su parte, el jefe de la bancada oficialista, Ricardo Monreal, aseguró que era “un día histórico para México”. “Hemos logrado la unanimidad para que la Guardia Nacional sea el cuerpo policial civil encargado de la lucha y prevención del crimen, lo que permitirá desmilitarizar el combate a la delincuencia”, señaló.
Se prevé que el cuerpo entre plenamente en funcionamiento a mediados del sexenio de López Obrador, en 2021.
Cinco años más
En 2006, el ex presidente Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir al narco y sus ramificaciones. Pero tras 12 años, los cárteles de la droga se han fragmentado, fortalecido y su combate ha dejado más de 170,000 muertos y decenas de miles de desaparecidos.
Para luchar contra el flagelo que desangra a la segunda mayor economía de América Latina, López Obrador ha propuesto atacar las causas que generan la violencia combatiendo la desigualdad y la pobreza. Además, propuso retirar a los militares de las calles. Sin embargo, parte del acuerdo logrado el jueves fue que las Fuerzas Armadas seguirán realizando tareas de seguridad por un plazo de cinco años.
“Necesitamos el apoyo del Ejército y de la Marina para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia”, dijo el mandatario el jueves en su rueda de prensa matinal. “Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país porque la gente lo pide”. Además, los miembros civiles de la Guardia Nacional deberán ser juzgados por autoridades civiles y los miembros de las Fuerzas Armadas serán juzgados por autoridades militares.
La reforma constitucional será enviada en los próximos días a la cámara baja para su ratificación. Y, al ser una reforma a la carta magna, debe ser avalada por la mayoría de los congresos estatales. Posteriormente, será sometida a un referéndum para su aplicación, según adelantó López Obrador meses atrás.