Pese a pedidos por su vida, Jorge Glas vuelve a la cárcel
El ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien cumplió ayer 19 días en huelga de hambre, fue trasladado del hospital Carlos Andrade Marín a la prisión de Latacunga, pese a múltiples pedidos de carácter humanitario. Glas, cuya salud se resquebrajó por no comer durante tres semanas,...



El ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien cumplió ayer 19 días en huelga de hambre, fue trasladado del hospital Carlos Andrade Marín a la prisión de Latacunga, pese a múltiples pedidos de carácter humanitario.
Glas, cuya salud se resquebrajó por no comer durante tres semanas, debió ser atendido de urgencia en el centro asistencial, donde lo estabilizaron con alimentación intravenosa.
Sus abogados, esposa, madre, compañeros de formación política y pueblo en general esperaban que el ex vicemandatario pudiera ser transferido a la cárcel 4 de Quito, desde donde lo llevaron a Latacunga, instalación de máxima seguridad, tras la fuga del país del ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado, quien enfrenta una investigación judicial.
En protesta por la medida, considerada una represalia por su defensa y correligionarios, Glas inició una huelga de hambre al día siguiente de su transferencia, el 22 de octubre.
El político solo pide que lo mantengan en la cárcel 4, en la cual puede recibir la medicación necesaria para atender una enfermedad de tipo catastrófica que padece: espondilitis anquilosante.
Sin embargo, el pedido que ya ha salido de las fronteras de Ecuador para tomar carácter internacional, no ha sido escuchado por las autoridades del Gobierno nacional.
Por su parte, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos emitió un comunicado oficial, en el cual señala, luego de conocer un reporte médico, que el estado de salud de Glas es estable.
Asimismo, corroboró su traslado al centro de detención en el que se encontraba (Latacunga) y aseguró que ‘guarda las mejores condiciones de seguridad y bienestar’.
‘El estado ofrece a todas las personas que se encuentran en su situación las mismas condiciones, sin privilegio alguno, ya que todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley’, precisó la instancia.
Finalmente recalcó que el Gobierno garantiza la seguridad personal del procesado, al igual que de todos los detenidos del país. Pero no puede hacerse responsable si él o cualquiera decide infringirse daños.
‘Esa es su propia y exclusiva responsabilidad y de las personas que desde el exterior y en el país incitan a actitudes agresivas, cuando ellos cómodamente no asumen actitudes de solidaridad real con quienes dicen respaldar’, concluyó el ministerio.
Glas, cuya salud se resquebrajó por no comer durante tres semanas, debió ser atendido de urgencia en el centro asistencial, donde lo estabilizaron con alimentación intravenosa.
Sus abogados, esposa, madre, compañeros de formación política y pueblo en general esperaban que el ex vicemandatario pudiera ser transferido a la cárcel 4 de Quito, desde donde lo llevaron a Latacunga, instalación de máxima seguridad, tras la fuga del país del ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado, quien enfrenta una investigación judicial.
En protesta por la medida, considerada una represalia por su defensa y correligionarios, Glas inició una huelga de hambre al día siguiente de su transferencia, el 22 de octubre.
El político solo pide que lo mantengan en la cárcel 4, en la cual puede recibir la medicación necesaria para atender una enfermedad de tipo catastrófica que padece: espondilitis anquilosante.
Sin embargo, el pedido que ya ha salido de las fronteras de Ecuador para tomar carácter internacional, no ha sido escuchado por las autoridades del Gobierno nacional.
Por su parte, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos emitió un comunicado oficial, en el cual señala, luego de conocer un reporte médico, que el estado de salud de Glas es estable.
Asimismo, corroboró su traslado al centro de detención en el que se encontraba (Latacunga) y aseguró que ‘guarda las mejores condiciones de seguridad y bienestar’.
‘El estado ofrece a todas las personas que se encuentran en su situación las mismas condiciones, sin privilegio alguno, ya que todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley’, precisó la instancia.
Finalmente recalcó que el Gobierno garantiza la seguridad personal del procesado, al igual que de todos los detenidos del país. Pero no puede hacerse responsable si él o cualquiera decide infringirse daños.
‘Esa es su propia y exclusiva responsabilidad y de las personas que desde el exterior y en el país incitan a actitudes agresivas, cuando ellos cómodamente no asumen actitudes de solidaridad real con quienes dicen respaldar’, concluyó el ministerio.