Cristina: no van a hallar nada para involucrarme

Este martes la senadora y expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el marco de una citación a declaración indagatoria. Se trata de la causa popularmente conocida como ‘la ruta del dinero K’, que investiga un presunto lavado de dinero y por la cual está detenido, desde 2016, el empresario Lázaro Baéz.

Si bien la dirigente política había intentado a través de sus abogados postergar la convocatoria, esta fue ordenada por la Cámara Federal (tribunal de segunda instancia) dando lugar al pedido del fiscal Guillermo Marijuan, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), querellantes en el caso.

Frente a esto, en su texto Cristina Fernández cuestionó que la decisión haya quedado en manos de ese tribunal y no “del magistrado que tiene a cargo la instrucción de esta causa desde su inicio, único habilitado por la ley procesal para adoptar tal temperamento”. Es por eso que calificó de “inválida” la resolución y recusó a los magistrados Martín Irurzun y Mariano Llorens.

Al igual que como señalara en otras causas en su contra, la exmandataria denunció parcialidad de parte del Poder Judicial. “En lugar de buscarse de manera imparcial la verdad se convierte al imputado en un enemigo, sin que las pruebas o la ley constituyan freno alguno para tal impulso”, escribió.

Cristina Fernández también señaló que fue llamada a declarar ante el juez Casanelloaun cuando no hay un hecho concreto del cual se la acuse. Y además, destacó que la UIF al pedir su citación utilizó criterios contradictorios, ya que para un caso similar relacionado con el actual presidente Mauricio Macri denegó el pedido.

“Cuando el investigado era el propio Mauricio Macri, la UIF se posicionó como su abogado defensor, se opuso al fiscal y arguyó que no podía avanzarse en una investigación en contra de su jefe si no era consignada ‘una descripción de hechos a investigar que presumiblemente podrían constituir una hipótesis de lavado de activos’”, detalló.

Por otra parte, la senadora remarcó: “En lugar de que se precise una intimación concreta en su contra yo debo adivinar cuáles son los hechos por los que tendría que responder”. No obstante, aclaró que “como la Cámara ha hablado genéricamente de que sería coautora de todas las maniobras por las que se encuentra enjuiciado Lázaro Báez –de cuyo patrimonio, además, y también según la Cámara, sería la dueña–, a continuación me ceñiré a dar respuesta a los hechos que fueron enumerados en el requerimiento de elevación a juicio efectuado por el fiscal en contra de Báez”. Frente a eso, se encargó de enumerar cada uno de los delitos que se le imputan al empresario y señalar que desconoce todos y cada uno de ellos. Y para cerrar enmarcó las acusaciones en su contra en un escenario regional y comparó su situación con la del expresidente Lula da Silva en Brasil.

“En suma, podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme”, concluyó.

Pedido de prisión preventiva
El lunes, en el marco de otra de las causas que tiene la expresidenta, el juez Claudio Bonadío decidió procesarla y pidió su prisión preventiva. El magistrado la acusa de ser la “jefa de una asociación ilícita”.

Sin embargo, para que la orden de prisión preventiva se haga efectiva, Fernández debe perder la inmunidad parlamentaria que goza actualmente por ser miembro del Senado. Aunque el oficialismo de la Alianza Cambiemos sostuvo que votaría su desafuero, necesita los votos de otros legisladores del peronismo.

El jefe de ese bloque, Miguel Ángel Pichetto, ha anticipado que no votarán en su contra a menos que haya una sentencia firme.