Colombia votará consulta popular anticorrupción
Los colombianos votarán el domingo sobre siete medidas anticorrupción en una consulta que incluye una baja en los salarios de los congresistas y un límite de 12 años para ocupar cargos de elección popular, en un intento por acabar los frecuentes escándalos de robos y sobornos. La seguridad...
Los colombianos votarán el domingo sobre siete medidas anticorrupción en una consulta que incluye una baja en los salarios de los congresistas y un límite de 12 años para ocupar cargos de elección popular, en un intento por acabar los frecuentes escándalos de robos y sobornos.
La seguridad del país mejoró en los últimos años por un acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, lo que permitió a los colombianos dirigir su atención a los casos de corrupción que incluyen sobornos para obtener contratos públicos, el robo del presupuesto de la salud y la educación, así como la compra de votos y de fallos judiciales.
La corrupción le cuesta al país anualmente unos 50 billones de pesos (alrededor de 17.000 millones de dólares), equivalente a un 5,3 por ciento del Producto Interno Bruto, según la Contraloría General.
El tema fue uno de los más intensos en las elecciones presidenciales de junio en medio de una campaña en la que el presidente derechista Iván Duque y el derrotado candidato izquierdista Gustavo Petro se comprometieron a combatir la corrupción.
La campaña que promueve las medidas anticorrupción, bajo el lema ‘vota 7 veces sí’, cuenta con el apoyo de los partidos de izquierda y de centro derecha.
“Los colombianos vamos a las urnas a castigar a la clase política, a obligarlos con nuestro voto a autoreformarse y a obligar al Congreso a que apruebe siete normas anticorrupción que desafortunadamente siempre se han hundido”, dijo a Reuters Claudia López, del Partido Alianza Verde, una de las promotoras.
Apoyo presidencial
Duque, quien prometió durante su campaña reprimir el “cáncer” de la corrupción con penas efectivas de cárcel, anunció su apoyo a la consulta.
“La voy a votar porque aquí se trata de unir esfuerzos”, dijo al explicar que es necesario enviar un mensaje a Colombia de que “en la lucha contra la corrupción todos los esfuerzos sirven”.
Sin embargo, varios miembros de su partido Centro Democrático, incluido su mentor, el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe, anunciaron que prefieren apoyar las propuestas anticorrupción que presentó el gobierno al Congreso.
Uribe, cuyo gobierno fue salpicado por escándalos de corrupción, es investigado por la Corte Suprema acusado de sobornos y de manipular testigos en un proceso por supuestos vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
El principal obstáculo de la consulta será la alta votación que necesita para ser aprobada. Cada pregunta debe ser votada por al menos un tercio de los electores, alrededor de 12,2 millones de personas, para que sea válida. Para aprobar cada medida es necesario un poco más de 6 millones de votos a favor.
Las preguntas que se aprueben deben ser incorporadas a la ley por el Congreso dentro de un año o implementadas a través de un decreto presidencial.
La consulta preguntará si los salarios mensuales para los legisladores y otros funcionarios de alto rango deberían limitarse al equivalente de 25 salarios mínimos, 6.552 dólares. Los legisladores ganan 10.500 dólares al mes, en comparación con un salario mínimo de 262 dólares que devenga un trabajador.
La seguridad del país mejoró en los últimos años por un acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, lo que permitió a los colombianos dirigir su atención a los casos de corrupción que incluyen sobornos para obtener contratos públicos, el robo del presupuesto de la salud y la educación, así como la compra de votos y de fallos judiciales.
La corrupción le cuesta al país anualmente unos 50 billones de pesos (alrededor de 17.000 millones de dólares), equivalente a un 5,3 por ciento del Producto Interno Bruto, según la Contraloría General.
El tema fue uno de los más intensos en las elecciones presidenciales de junio en medio de una campaña en la que el presidente derechista Iván Duque y el derrotado candidato izquierdista Gustavo Petro se comprometieron a combatir la corrupción.
La campaña que promueve las medidas anticorrupción, bajo el lema ‘vota 7 veces sí’, cuenta con el apoyo de los partidos de izquierda y de centro derecha.
“Los colombianos vamos a las urnas a castigar a la clase política, a obligarlos con nuestro voto a autoreformarse y a obligar al Congreso a que apruebe siete normas anticorrupción que desafortunadamente siempre se han hundido”, dijo a Reuters Claudia López, del Partido Alianza Verde, una de las promotoras.
Apoyo presidencial
Duque, quien prometió durante su campaña reprimir el “cáncer” de la corrupción con penas efectivas de cárcel, anunció su apoyo a la consulta.
“La voy a votar porque aquí se trata de unir esfuerzos”, dijo al explicar que es necesario enviar un mensaje a Colombia de que “en la lucha contra la corrupción todos los esfuerzos sirven”.
Sin embargo, varios miembros de su partido Centro Democrático, incluido su mentor, el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe, anunciaron que prefieren apoyar las propuestas anticorrupción que presentó el gobierno al Congreso.
Uribe, cuyo gobierno fue salpicado por escándalos de corrupción, es investigado por la Corte Suprema acusado de sobornos y de manipular testigos en un proceso por supuestos vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
El principal obstáculo de la consulta será la alta votación que necesita para ser aprobada. Cada pregunta debe ser votada por al menos un tercio de los electores, alrededor de 12,2 millones de personas, para que sea válida. Para aprobar cada medida es necesario un poco más de 6 millones de votos a favor.
Las preguntas que se aprueben deben ser incorporadas a la ley por el Congreso dentro de un año o implementadas a través de un decreto presidencial.
La consulta preguntará si los salarios mensuales para los legisladores y otros funcionarios de alto rango deberían limitarse al equivalente de 25 salarios mínimos, 6.552 dólares. Los legisladores ganan 10.500 dólares al mes, en comparación con un salario mínimo de 262 dólares que devenga un trabajador.
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