Fiscalía argentina cierra acuerdo con Brasil por Lava Jato

La fiscalía general de Argentina dijo el viernes que convalidó un convenio con su par de Brasil que le permite acceder a las declaraciones de arrepentidos ante la Justicia de ese país, lo que podría impulsar la investigación en la derivación local del caso de corrupción conocido como “Lava Jato”.
El acuerdo, que implicó arduas negociaciones por meses, permitiría el avance de las investigaciones domésticas por el emblemático caso de corrupción en Brasil, que podría comprometer a funcionarios de anteriores gobiernos de Argentina y a importantes hombres de negocios.
“La suscripción de este modelo de compromiso es un requisito necesario para acceder a la prueba judicial disponible en Brasil”, señaló la Procuración de Argentina, a cargo de Eduardo Casal, a través de un comunicado.
Los fiscales podrán obtener declaraciones consideradas clave dentro de las investigaciones de tramas de corrupción que se habrían desarrollado durante las gestiones del ex presidente Néstor Kirchner -fallecido en 2010- y su esposa y ex mandataria Cristina Fernández.
“La información que den los arrepentidos va a ser información muy útil. Va a ser la punta del ovillo”, dijo a Reuters una fuente de la Procuración bajo condición de anonimato.
Las pruebas obtenidas a partir de esos testimonios no podrán usarse contra quienes tengan “acuerdos de lenidad” ni en procesos judiciales separados de los que originaron la información, aclaró la fiscalía.
La declaración de los testigos brasileños también podría ser útil para el caso de corrupción que estalló esta semana a partir de la aparición de cuadernos con supuestos detalles de pagos de sobornos y que compromete a empresarios de la construcción y ex funcionarios de Argentina.
El caso Lava Jato, que tuvo amplias repercusiones internacionales tras iniciarse en 2014, revolucionó Brasil con la detención de poderosos empresarios y del ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, preso desde abril por corrupción pasiva y lavado de dinero.
En julio de este año, las fiscalías generales de ambos países habían alcanzado un principio de acuerdo.

Comisión
Mientras tanto en el país vecino, Bolivia, el jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Diputados, Gonzalo Barrientos, planteó que de manera inmediata la Asamblea Legislativa Plurinacional conformar una comisión especial que investigue a las empresas involucradas en este caso y que tuvieron contratos con el Gobierno boliviano.
La red ERBOL publicó anteriormente que al menos dos empresas implicadas en el escándalo argentino tuvieron contratos en Bolivia: Isolux Corsán Corviam y Electroingeniería. La primera estuvo a cargo de construir la planta hidroeléctrica Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura, dejando abandonadas ambas; mientras que la segunda, a través del consorcio Ar.Bol. estaba construyendo la ruta Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey, hasta que se rescindió el contrato por demoras.
Barrientos señaló que esto no puede pasar desapercibido, por lo que anunció que la próxima semana solicitará formalmente que la Asamblea conforme una comisión para investigar a esas empresas.