Justicia investiga sedes de Iglesia Católica en Chile

Las autoridades de justicia de Chile tomaron cartas en el asunto de casos de abusos sexuales de ministros de la Iglesia católica, e investigadores realizaron sendos allanamientos en Rancagua y en esta capital.

De acuerdo con fuentes oficiales, la idea es recolectar todo el material de expedientes canónicos, investigaciones previas y antecedentes, vinculados a los casos de abusos sexuales sufridos por menores de edad dentro de la Iglesia católica.

El fiscal Emiliano Arias encabeza las pesquisas en el Obispado de Rancagua, donde hay 14 sacerdotes suspendidos temporalmente en medio de acusaciones de actos de pornografía y trasgresiones sexuales por parte de los curas.

Esta investigación en particular que recae sobre un grupo de párrocos de la VI Región (donde se ubica Rancagua) que mantendrían relaciones sexuales con menores de edad a quienes entregarían beneficios económicos para ellos y sus familias.

Asimismo, el señalamiento de contactar jóvenes que ejercen el comercio sexual.
Otros allanamientos exhaustivos estuvieron a cargo del Departamento de OS9 de Carabineros a la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago.

Según la cadena de televisión 24 horas de TVN, dentro del contexto actual, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se reuniría con monseñor Charles Scicluna para evaluar los pasos a seguir por la crisis que vive la Iglesia.

Scicluna, arzobispo de Malta, y el cura español Jordi Bertomeu, llegaron a Chile en calidad de enviados del papa Francisco para una segunda ronda sobre sus pesquisas en torno a abusos sexuales de la Iglesia.

Esperamos prestar ayuda técnica jurídica a las curias diocesanas chilenas involucradas en casos perentorios, ‘para que puedan dar respuestas adecuadas a cada caso de abuso sexual de menores cometidos por clérigos o religiosos’, declaró.

Renuncia de obispos
El lunes, Francisco aceptó la renuncia de tres obispos de Chile, en lo que se piensa es el comienzo de una profunda purga a raíz de los numerosos escándalos desatados en el país austral, razón por la cual el sumo pontífice envió a sus delegados para calmar esta situación.
Uno de los obispos forzado a su jubilación anticipada es Juan Barros, de la diócesis de Osorno, que destapó las denuncias y el debate por su encubrimiento o complicidad con el defenestrado sacerdote Fernando Karadima, separado de la Iglesia en 2011.