Grupo de Lima anuncia más medidas contra Venezuela

El Grupo de Lima, de gobiernos afines a la política hostil de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela, anunció medidas de cerco financiero a esa administración, como represalia por la reelección del presidente Nicolás Maduro.

Un comunicado de los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, ejecuta la amenaza anunciada en un pronunciamiento previo a los comicios, lanzada en consulta con Estados Unidos. Confirma, además, su negativa a reconocer los comicios del domingo, para lo cual alegan que la elección no se ajusta a lo que esos gobiernos consideran ‘estándares internacionales de un proceso democrático y transparente’.

Anuncia que los citados países tomarán también represalias diplomáticas, pues ‘llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela’, a modo de protesta por las elecciones de este domingo.

El nuevo texto plantea solicitar a las autoridades respectivas de cada país para notificar al sector financiero y bancario del posible riesgo de realizar operaciones con el gobierno de Venezuela sin el aval de la opositora Asamblea Nacional.

Boicot
La medida supone un boicot a operaciones como pagos y créditos recíprocos de comercio exterior.

Anuncia también gestiones ante organismos financieros internacionales y regionales para que nieguen préstamos al gobierno de Venezuela, sin el aval de su Asamblea Nacional.

Sin embargo, los gobiernos firmantes expresan estar preocupados ‘por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela’.
El anuncio incluye intercambiar información sobre casos sobre supuesta corrupción de personas o empresas venezolanas y hacer ‘análisis de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo’, lenguaje que suele usar Washington contra el gobierno bolivariano.

La declaración informa, además, de la presentación de un proyecto de resolución contra el gobierno de Venezuela y reuniones sobre temas migratorios y de salud referidos a la nación bolivariana.