Cuestionan a Mike Pompeo como secretario de Estado

Activistas de derechos civiles, organizaciones musulmanas y ex funcionarios de la Casa Blanca presionan al Senado para que analice a fondo la candidatura del director de la CIA, Mike Pompeo, como nuevo secretario de Estado.

Reemplazo
Pompeo es la propuesta del presidente Donald Trump para reemplazar a Rex Tillerson como jefe de la diplomacia estadounidense y, de acuerdo con expertos, su proceso de confirmación en la Cámara alta será relativamente fácil, a pesar de sus conocidos vínculos con grupos de la ultraderecha y de extremistas anti-islámicos.

La Unión Americana de Libertades Civiles y algunos ex diplomáticos norteamericanos intentan convencer a los integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para que investiguen estas y otras facetas negativas del funcionario antes de darle el visto bueno.

‘Me preocupa que el señor Pompeo tiene tras sí una estela de declaraciones y asociaciones horrorosas, inexactas y fanáticas contra los musulmanes’, dijo al diario The New York Times Shaun Casey, ex director de la oficina de religión y asuntos mundiales del Departamento de Estado en la Administración de Barack Obama (2009-2017). Casey pone en duda que Pompeo, con semejante historial, pueda ser ‘un representante creíble’ ante las docenas de países de mayoría musulmana con los que tendría que conducir la diplomacia.
Grupos islámicos manifestaron además preocupaciones similares por el caso de John R. Bolton, quien asumirá el lunes 9 de abril el cargo de asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, a propuesta de Trump, puesto para el cual no necesita el aval del Capitolio. De acuerdo con el Times, tanto Pompeo como Bolton tienen nexos con individuos y entidades que promueven una visión global según la cual el Islam no es una religión sino una ideología política infiltrada en Estados Unidos y sus aliados occidentales para imponer las leyes musulmanas.

Dichas asociaciones consideran que las mezquitas establecidas en suelo norteamericano, así como organizaciones y líderes cívicos e incluso funcionarios del Gobierno que profesan esa fe religiosa son sospechosos de pertenecer a grupos extremistas.