Ardaya recuerda que no hay base legal para transferir IDH
El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya, recordó que no existe una base legal en la Constitución Política del Estado (CPE) que establezca la transferencia directa de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero se abrirá el...



El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya, recordó que no existe una base legal en la Constitución Política del Estado (CPE) que establezca la transferencia directa de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero se abrirá el diálogo con las autoridades chaqueñas para encontrar una solución a su demanda.
La Región Autónoma del Chaco solicitó en varias ocasiones a la Gobernación que se transfieran los recursos provenientes del IDH. Según el argumento de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de esta región, José Quecaña, existen conflictos cuando se debe incorporar recursos al Plan Operativo Anual (POA) que son dirigidos al Chaco.
Acortar la brecha burocrática entre el Gobierno nacional y la región es una de las soluciones que se plantearon las autoridades del Chaco para ejecutar efectivamente los programas y proyectos planificados; por ejemplo resolver los problemas en el sector de la salud. Un pacto fiscal o un acuerdo departamental podría abrir una puerta al diálogo entre ambas autoridades, pero no existe una base legal que permita partir “la torta” del IDH.
“Es ilegal”, dijo Ardaya. Sin embargo, la idea de seguir empujando por un Pacto Fiscal que considere tres criterios de distribución planteados por el Ejecutivo al Gobierno Nacional - igualdad, proporcionalidad y equidad- sigue en pie.
“Hay voluntad política del Gobernador y se dará la posibilidad de lograr esta discusión entre las provincias y la Región Autónoma del Chaco, pero si pretenden lograr mediante el Gobierno la aprobación de un decreto, es inviable”, manifestó.
La espera por una respuesta del Gobierno sobre la redistribución de recursos para los nueve departamentos a través de un Pacto Fiscal se mantiene, a pesar de haber silenciado este debate en los últimos meses y de la reunión que se realizó entre la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia a la cual no asistieron las gobernaciones opositoras, pero se mantiene la expectativa consolidar esta propuesta.
Un Pacto Fiscal departamental fue una propuesta, pero no sin antes evaluar la redistribución nacional. Los chaqueños amenazaron con recurrir a instancias nacionales para que se les apruebe un decreto que permita, con el respaldo de anteriores normativas, una transferencia directa de recursos. En medio de esta disputa, también se debe recordar la demanda del 45 por ciento de los municipios productores -Entre Ríos, Padcaya y Bermejo- que en caso de ser aprobada cambiaría el escenario y la división de recursos.
La Región Autónoma del Chaco solicitó en varias ocasiones a la Gobernación que se transfieran los recursos provenientes del IDH. Según el argumento de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de esta región, José Quecaña, existen conflictos cuando se debe incorporar recursos al Plan Operativo Anual (POA) que son dirigidos al Chaco.
Acortar la brecha burocrática entre el Gobierno nacional y la región es una de las soluciones que se plantearon las autoridades del Chaco para ejecutar efectivamente los programas y proyectos planificados; por ejemplo resolver los problemas en el sector de la salud. Un pacto fiscal o un acuerdo departamental podría abrir una puerta al diálogo entre ambas autoridades, pero no existe una base legal que permita partir “la torta” del IDH.
“Es ilegal”, dijo Ardaya. Sin embargo, la idea de seguir empujando por un Pacto Fiscal que considere tres criterios de distribución planteados por el Ejecutivo al Gobierno Nacional - igualdad, proporcionalidad y equidad- sigue en pie.
“Hay voluntad política del Gobernador y se dará la posibilidad de lograr esta discusión entre las provincias y la Región Autónoma del Chaco, pero si pretenden lograr mediante el Gobierno la aprobación de un decreto, es inviable”, manifestó.
La espera por una respuesta del Gobierno sobre la redistribución de recursos para los nueve departamentos a través de un Pacto Fiscal se mantiene, a pesar de haber silenciado este debate en los últimos meses y de la reunión que se realizó entre la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia a la cual no asistieron las gobernaciones opositoras, pero se mantiene la expectativa consolidar esta propuesta.
Un Pacto Fiscal departamental fue una propuesta, pero no sin antes evaluar la redistribución nacional. Los chaqueños amenazaron con recurrir a instancias nacionales para que se les apruebe un decreto que permita, con el respaldo de anteriores normativas, una transferencia directa de recursos. En medio de esta disputa, también se debe recordar la demanda del 45 por ciento de los municipios productores -Entre Ríos, Padcaya y Bermejo- que en caso de ser aprobada cambiaría el escenario y la división de recursos.