Un año después, la respuesta está en las urnas
El primer aniversario de Rodrigo Paz en la Presidencia encuentra a Bolivia más lejos de las expectativas que lo llevaron al poder. La ruptura con sus aliados, las promesas incumplidas, los escándalos institucionales y una economía que no encuentra alivio dibujan un balance que exige una salida democ
Este 8 de noviembre Rodrigo Paz cumple un año desde que asumió la Presidencia. Doce meses son tiempo suficiente para empezar a medir un Gobierno, contrastar sus promesas con sus resultados y, sobre todo, preguntarse si conserva la confianza ciudadana necesaria para conducir el país. El balance, por ahora, es preocupante. Bolivia no solo está lejos de la renovación que se anunció durante la campaña; parece haberse instalado en una crisis política e institucional que se profundiza con cada semana.
Paz llegó al poder con un discurso de cambio, de apertura y de recuperación de la economía. Se presentó como una alternativa a los viejos esquemas de poder – literal a pesar de su propia historia - y prometió una nueva relación con las regiones, con los sectores productivos y con una ciudadanía cansada de la confrontación. Sin embargo, el primer año ha estado marcado por el distanciamiento con Edmand Lara, su compañero de fórmula, y por la ruptura con buena parte de las bases que hicieron posible su victoria. La alianza electoral se convirtió en un campo de disputa y las expectativas de renovación terminaron subordinadas a una pelea por el poder.
No se trata solamente de una diferencia entre dos autoridades. La fractura revela la fragilidad del proyecto político que llegó al Gobierno y la distancia entre las promesas de campaña y las decisiones tomadas desde el Palacio. Muchas de aquellas ofertas quedaron en el camino, mientras la ciudadanía sigue esperando respuestas concretas. La política no puede reducirse a administrar lealtades, repartir espacios o sobrevivir a las disputas internas. Gobernar exige un rumbo, un equipo y una mínima coherencia entre lo que se promete y lo que se hace.
A ese desgaste se suma una sucesión de escándalos que ha alcanzado a la Justicia, la Fiscalía, la Policía y distintas instancias del propio Gobierno. Audios, denuncias, renuncias, aprehensiones y exilios han alimentado una percepción cada vez más extendida de que las instituciones están atrapadas en disputas de poder que poco tienen que ver con la protección de los ciudadanos. La sombra del narcotráfico y la sospecha de una pugna por el control de sus redes y de los mecanismos estatales que deberían combatirlo constituyen una amenaza particularmente grave. No corresponde convertir las denuncias en sentencias, pero tampoco fingir que la acumulación de hechos no tiene consecuencias. Cuando quienes deben garantizar la ley aparecen envueltos en controversias, la confianza pública se desploma.
Mientras tanto, la economía no da tregua. El costo de la vida, la falta de dólares, los problemas de abastecimiento y la incertidumbre siguen golpeando a las familias y a las actividades productivas. El país ha comprometido un endeudamiento considerable, pero ese esfuerzo financiero todavía no se traduce en una recuperación que la población pueda sentir. Endeudarse no es un programa económico ni una garantía de resultados. Los créditos pueden dar oxígeno, pero no sustituyen la producción, la inversión, la generación de divisas ni la confianza. Tampoco resuelven por sí solos los problemas estructurales que el Gobierno prometió enfrentar.
La pregunta, entonces, ya no es si el primer año fue difícil. Lo es. La pregunta es si existe una perspectiva creíble de rectificación y si el país debe seguir esperando mientras se deterioran la economía y las instituciones. No hay que convertir la estabilidad en un argumento para sostener indefinidamente un Gobierno que no consigue recuperar la confianza. La estabilidad sin legitimidad, sin resultados y sin un horizonte compartido termina siendo apenas una forma de administrar el deterioro. Es exactamente lo que pasó con Luis Arce, y todos sabemos cómo terminó.
La salida debe volver a la ciudadanía. Las urnas son el mecanismo democrático para renovar mandatos, corregir rumbos y resolver crisis de representación. Una Asamblea Constituyente, una reforma que se vuelva plebiscitaria, un referéndum revocatorio cuando se cumplan las condiciones constitucionales o los mecanismos electorales que correspondan pueden formar parte de una discusión nacional seria. No se trata de improvisar atajos ni de desconocer la Constitución, sino de dejar de utilizarla como excusa para aplazar cualquier respuesta política. Los procedimientos y sus plazos deben respetarse; la voluntad ciudadana, también.
Paz tiene quizá alguna posibilidad de cambiar el rumbo, pero no puede hacerlo repitiendo las mismas prácticas que prometió superar. Necesita explicar qué ha pasado con sus compromisos, transparentar las denuncias, oxigenar su equipo, permitir que la Justicia actúe sin interferencias y presentar un programa económico que vaya más allá de los créditos y los anuncios. Si no puede hacerlo, debe asumir que la continuidad de su mandato no puede estar por encima del interés del país.
Un año después, Bolivia no necesita más discursos sobre el futuro ni más llamados a tener paciencia. Necesita recuperar la confianza, reconstruir sus instituciones y encontrar una salida a una crisis que no empezó ayer, pero que este Gobierno tampoco ha conseguido contener. La democracia no consiste en otorgar un cheque en blanco durante cinco años. Consiste en que el poder responda ante los ciudadanos. Y cuando la representación se agota, corresponde abrir las urnas. No hay razón para retrasar el debate ni para temerle a la decisión de la gente.
