Repsol en Bolivia, tercer parte
El encuentro entre Rodrigo Paz y Antonio Brufau puede abrir una nueva etapa de inversiones, pero no debería confundirse con una solución para la crisis del gas. Bolivia lleva décadas confiando en que las transnacionales encontrarán lo que el Estado no explora. Los resultados están a la vista
La fotografía de Rodrigo Paz con Antonio Brufau, presidente de Repsol, viene acompañada de un mensaje repetitivo: certidumbre, inversiones y una nueva etapa para los hidrocarburos. Es una señal que el Gobierno quiere transmitir al mundo empresarial, pero conviene poner las cosas en su sitio. Repsol no está regresando a Bolivia. Nunca se fue. Lleva más de treinta años operando en el país, conserva una participación importante en Margarita-Huacaya, participa en Iñiguazu y mantiene casi la mitad de las acciones de YPFB Andina. Fue una de las grandes beneficiadas en el periodo opaco de la capitalización como develaron las auditorías (enterradas) de Enrique Mariaca, y después tuvo una excelente relación probablemente también muy lucrativa con el Gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. Lo que se anuncia, por tanto, no es un retorno, sino el arranque de una tercera temporada en una relación sobradamente conocida y que tiene grandes posibilidades de recaer en los mismos errores.
Y ahí empieza la discusión que el país no debería eludir. Bolivia necesita inversiones, tecnología y nuevos descubrimientos. Pero llevamos demasiados años depositando en las grandes petroleras la expectativa de recuperar una producción que no deja de caer. Los contratos, las leyes de incentivos, los jugosos anexos D, las asociaciones y las promesas de exploración no han conseguido reponer las reservas al ritmo necesario. El país pasó de tener más de diez TCF certificados en 2013 a manejar una estimación de alrededor de 3,7 TCF al cierre de 2025. La nueva certificación permitirá conocer con mayor precisión el deterioro, pero no cambiará la trayectoria que lo ha provocado.
Durante años se repitió que bastaba con ofrecer condiciones atractivas para que las transnacionales llegaran con capital, tecnología y grandes descubrimientos. “Socios y no patrones”, que por muchas referencias que se hagan al régimen fiscal, igualmente se ofrecían condiciones para que los negocios fueran rentables, que es al fin de lo que se trataba. Sin embargo, al dejar la obligación de exploración en el marco de la buena voluntad, se debilitó; los campos tradicionales declinaron y el país terminó dependiendo de una cartera de hipotéticos proyectos que todavía debe demostrar cuánto gas puede aportar comercialmente. La promesa de nuevos megacampos no puede seguir reemplazando a los resultados.
La discusión sobre Mayaya es ilustrativa. YPFB asumió el trabajo exploratorio que permitió anunciar el descubrimiento y ahora se discuten posibles esquemas de asociación para desarrollarlo. Repsol ya levantó el dedo durante el gobierno de Luis Arce. La pregunta es legítima: si la empresa estatal asume el riesgo inicial y financia la búsqueda, ¿en qué condiciones debe compartir después el negocio? No se trata de impedir la participación privada, sino de evitar que el Estado cargue con los riesgos más difíciles mientras otros actores acceden a los beneficios de los descubrimientos. Se supone que la norma iba exactamente en la dirección contraria.
Por eso, el camino debe ser fortalecer a YPFB para que recupere su capacidad de explorar, perforar y operar directamente. No como una consigna nacionalista ni como una invitación a repetir los errores de una empresa pública convertida en instrumento político, sino como una decisión estratégica. La estatal necesita profesionales, equipos, presupuesto ejecutado, tecnología, controles independientes y autonomía técnica. También debe poder asociarse cuando necesite capacidades que no tiene, pero desde una posición en la que pueda negociar con conocimiento y capacidad propios.
La exploración no puede limitarse a esperar que una empresa extranjera decida dónde invertir. Hay campos maduros que pueden recuperar producción, prospectos que necesitan perforaciones y nuevas técnicas de estimulación que deben evaluarse con rigor. Incluso tecnologías como la fracturación hidráulica pueden formar parte de las alternativas, siempre que se demuestre su viabilidad y se cumplan estrictamente las exigencias ambientales, de seguridad y transparencia. La soberanía energética también consiste en tener capacidad para decidir cómo y dónde se exploran los recursos.
Eso exige, además, una nueva Ley de Hidrocarburos que deje de ser una promesa recurrente. Bolivia necesita reglas claras para atraer inversiones, pero también para establecer la participación estatal, la distribución de la renta, las obligaciones de las operadoras y los mecanismos de fiscalización. La certidumbre no puede significar únicamente garantías para el inversor; debe significar también garantías para el país.
El Gobierno tiene derecho a buscar acuerdos con Repsol y con otras compañías. Lo que no debería hacer es presentar cada reunión empresarial como el comienzo de una solución que llevamos décadas esperando. El gas no se recupera con fotografías, declaraciones ni memorandos de entendimiento. Se recupera explorando, perforando, invirtiendo y asumiendo riesgos.
