1.900 millones para comprar tiempo
El crédito del FMI puede aliviar la emergencia, pero no resuelve las causas de la crisis. Bolivia asumirá una deuda de largo plazo mientras el ajuste se siente de inmediato en los bolsillos de los ciudadanos
La Asamblea Legislativa finalmente aprobó el crédito de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno lo presenta como una señal de confianza, estabilidad y certidumbre. Puede ser, desde la perspectiva de las cuentas públicas, un alivio necesario, pero conviene no confundir alivio con solución.
Los 1.900 millones de dólares no son un premio. Son deuda. Y mientras el dinero puede desaparecer con enorme rapidez para cubrir las urgencias de una economía exhausta, la obligación de devolverlo permanecerá durante años.
Bolivia no está recibiendo 1.900 millones para construir una nueva economía de un día para otro. Está recibiendo recursos para atravesar una emergencia financiera. Y si una parte importante de ese dinero termina simplemente cubriendo déficit, importaciones, obligaciones inmediatas o necesidades de caja, habremos comprado tiempo, pero no habremos construido futuro. Ni siquiera retirar la subvención del diésel o de la gasolina son una llave mágica ni nada parecido.
El asunto es qué haremos durante ese tiempo, porque el costo del programa comienza inmediatamente, aunque se empiece a pagar dentro de 54 meses. Contención del gasto, reducción del déficit, eliminación de subvenciones, modificaciones cambiarias y otras medidas tendrán consecuencias directas sobre la economía familiar y empresarial. Es decir: el dinero llega ahora, pero el sacrificio se distribuye durante mucho más tiempo, y eso obliga a mirar el acuerdo con desconfianza. No por una cuestión ideológica contra el FMI, sino porque el Gobierno, en diez meses, ha perdido todo el crédito para pedirle a la sociedad que acepte sacrificios sin exigir explicaciones.
La contradicción surgida en paralelo al tratamiento legislativo sobre el posible uso del financiamiento para cubrir salarios y aguinaldos debería servir como advertencia. Si ni siquiera existe un mensaje inequívoco sobre el destino de los recursos, resulta difícil pedir confianza ciega.
El Gobierno debe explicar exactamente qué parte irá a reservas, qué parte tendrá efectos fiscales, qué obligaciones se cubrirán y qué resultados espera conseguir y no jugar a que este crédito será inversión, porque no lo es.
Hay una pregunta todavía más importante: ¿qué quedará en Bolivia cuando esos 1.900 millones se hayan gastado? Si dentro de unos meses tenemos menos reservas, más deuda y exactamente los mismos problemas de producción, empleo, energía y generación de dólares, habremos hecho un negocio bastante pobre.
El crédito puede servir para ganar tiempo, pero el tiempo solamente tiene valor si se utiliza para cambiar las condiciones que provocaron la crisis, y esta vez el protagonismo debe ser de los privados, no del Estado.
Necesitamos producir más. Exportar más. Invertir más. Generar dólares. Recuperar el sector energético. Diversificar la economía. Reducir el gasto improductivo. Modernizar el Estado. Crear condiciones para que el sector privado – de nuevo, pues esta vez les toca en serio - invierta y para que el ahorro boliviano vuelva a financiar producción.
Eso sí sería utilizar una deuda para construir futuro. Lo contrario sería utilizar deuda para mantener funcionando un modelo que ya demostró sus límites.
También hay que revisar los “soportes”. Eliminar la subvención puede ser necesario, pero no puede significar que el agricultor pequeño deje de producir. Reducir gasto puede ser inevitable, pero no debería significar abandonar servicios esenciales. Contener salarios puede ser parte del ajuste, pero tampoco se puede pretender que los ingresos permanezcan congelados mientras suben combustible, alimentos y transporte. La austeridad no puede ser una política que siempre empieza por los mismos.
El Gobierno tiene una oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. Los 1.900 millones pueden servir para estabilizar la emergencia. Lo que no pueden hacer es sustituir las reformas que Bolivia necesita, y mucho menos comprar cuatro meses de tranquilidad a cambio de varios años de deuda.
Por eso la sociedad tiene derecho a desconfiar y a preguntar. ¿En qué se gastará cada dólar? ¿Cuánto costará devolverlo? ¿Qué metas concretas deben alcanzarse? ¿Qué gastos se eliminarán? ¿Qué inversiones se protegerán? ¿Cuándo empezará a recuperarse la producción? ¿Cuándo volverán a generarse los dólares suficientes para que Bolivia no tenga que volver a pedirlos?
No necesitamos otro relato triunfalista sobre un “momento histórico”. Necesitamos números, controles y resultados. Una oportunidad financiada con deuda solo habrá valido la pena si, cuando llegue el momento de pagarla, Bolivia tiene una economía capaz de hacerlo sin volver a pedir prestado.
DESTACADO.- No necesitamos otro relato triunfalista sobre un “momento histórico”. Necesitamos números, controles y resultados
