Servicio militar: el mismo deber para todos

Hay pocas cosas menos convenientes para una sociedad que mantener una obligación formal que en la práctica cada ciudadano cumple de una manera diferente.

En Bolivia, el servicio militar es obligatorio, pero esa obligatoriedad tiene demasiados matices. Hay jóvenes que cumplen un año completo en los cuarteles; otros realizan la llamada premilitar, con algunos sábados y períodos durante las vacaciones; y existe incluso un mercado tolerado de libretas que, aunque constituye un delito, forma parte de esas realidades que demasiadas veces terminan siendo socialmente aceptadas.

No se trata aquí de cuestionar a quienes cumplen una u otra modalidad ni de abrir nuevamente el debate sobre la conveniencia de las Fuerzas Armadas. Se trata de algo más sencillo: si existe un deber ciudadano, ese deber debería ser igual para todos.

La situación actual introduce una desigualdad difícil de justificar. El tiempo, el esfuerzo y las obligaciones que asume un joven dependen en buena medida de la modalidad a la que acceda y, en el peor de los casos, de su capacidad para conseguir una libreta por vías irregulares. Eso no fortalece el sentido de ciudadanía. Lo debilita. Por eso sería conveniente que Bolivia discuta seriamente qué quiere hacer con su servicio militar.

Si se considera necesario mantenerlo como obligación, debería establecerse con claridad qué se exige, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones, con reglas transparentes y aplicables de manera universal, pero también existe otra posibilidad: entender que el servicio al país no necesariamente tiene que realizarse detrás de un muro de cuartel.

Muchos países han desarrollado fórmulas de servicio civil o prestaciones sustitutivas que permiten a los jóvenes contribuir en ámbitos de interés público. Bolivia podría explorar un sistema de ese tipo, vinculado a protección civil y atención de emergencias, reforestación y protección ambiental, alfabetización, apoyo sanitario, atención a comunidades rurales, recuperación de espacios públicos o asistencia ante incendios, inundaciones y otros desastres.

No sería un servicio de segunda categoría. Podría ser, en determinadas circunstancias, un servicio extraordinariamente valioso.

Pensemos, por ejemplo, en un país que cada año enfrenta incendios forestales, sequías, inundaciones y otras emergencias. ¿No tendría sentido contar con jóvenes formados para apoyar a bomberos, brigadas de protección civil, municipios y comunidades? ¿No podría ese período servir también para capacitar en primeros auxilios, prevención de incendios, educación vial, protección ambiental o respuesta ante desastres?

El servicio, entonces, adquiriría un sentido mucho más amplio: no solamente preparar para defender al país, sino enseñar a servir al país.

Eso también permitiría resolver una contradicción que hoy resulta evidente. Hay jóvenes para quienes la experiencia militar puede ser formativa y otros para quienes un servicio social estructurado podría aportar mucho más a la sociedad y a su propio desarrollo.

Lo importante sería que ninguna de las opciones se convierta en un privilegio para evitar el cumplimiento de una obligación.

Porque el problema no es que existan modalidades diferentes. El problema aparece cuando esas modalidades esconden desigualdades profundas y cuando una obligación estatal puede terminar comprándose en el mercado negro.

Por supuesto, cualquier reforma tendría que cuidar aspectos constitucionales, presupuestarios y de organización de las Fuerzas Armadas. También debería evitar que el servicio civil se convierta en mano de obra gratuita o en una forma de precarizar empleos que corresponden a trabajadores remunerados.

Pero vale la pena discutirlo.

Bolivia necesita recuperar el sentido de comunidad y responsabilidad compartida. Para eso no basta con proclamar deberes en las leyes. Hay que conseguir que esos deberes sean razonables, iguales y útiles.

Un joven que pasa un año en un cuartel debería saber qué aporta ese tiempo a su formación y a su país. Y otro que presta un año de servicio social debería tener exactamente la misma certeza.

Lo que no parece sostenible es que, mientras unos cumplen, otros cumplan parcialmente y algunos simplemente compren una libreta que debería acreditar un servicio que nunca prestaron.

Si el servicio es obligatorio, que sea obligatorio de verdad. Si debe transformarse, que se transforme. Pero que el deber de servir al país deje de depender del bolsillo, los contactos o la modalidad que a cada cual le toque, porque la ciudadanía también se aprende sirviendo. Y un país que consigue que sus jóvenes sientan que ese servicio tiene un propósito habrá ganado mucho más que un año de cuartel.