La Gobernación asume el reto de limpiar Setar

La nueva Gobernación de Tarija tiene ante sí uno de sus primeros grandes desafíos institucionales: demostrar que la anunciada “cero tolerancia” a las irregularidades no será solamente una declaración. Los recientes, pero continuos, cuestionamientos al Servicio Eléctrico de Tarija (Setar), por presuntas sobrefacturaciones, errores en los cobros, salarios alterados, subcontratación de ambientes y festejos en horario laboral, han vuelto a colocar a la empresa en el centro de la discusión pública.

Es importante que la Gobernación haya reaccionado y que la gobernadora María René Soruco haya fijado una posición clara. Una administración que comienza tiene derecho a anunciar una nueva etapa. Pero precisamente por eso debe asumir el reto completo: investigar, corregir y transparentar.

Setar no es una empresa cualquiera. Es una entidad estratégica del departamento y forma parte del patrimonio institucional de los tarijeños. La Gobernación no puede limitarse a recibir denuncias, derivarlas y esperar resultados. Tiene una responsabilidad política sobre el funcionamiento de la empresa y sobre la confianza que los ciudadanos depositan en ella.

Si hubo errores de facturación, hay que explicar cuántos fueron, por qué se produjeron, cuánto dinero estuvo involucrado y cómo se compensará a quienes hubieran sido afectados

Si hubo errores de facturación, hay que explicar cuántos fueron, por qué se produjeron, cuánto dinero estuvo involucrado y cómo se compensará a quienes hubieran sido afectados. Si existieron contrataciones o subcontrataciones cuestionables, corresponde conocer bajo qué procedimientos se realizaron y quién autorizó las decisiones. Y si se utilizaron instalaciones o recursos de la empresa para actividades incompatibles con la función pública, también debe establecerse quién permitió que ocurriera.

El problema de fondo es que los hechos denunciados, tomados en conjunto, pueden revelar algo más preocupante que una suma de episodios aislados: una cultura administrativa donde los controles se relajaron y determinadas prácticas pudieron instalarse con demasiada normalidad.

Si ese fuera el caso, no bastará con sancionar a una o dos personas. Habrá que revisar procedimientos, responsabilidades, controles internos y mecanismos de contratación. Una empresa de servicios públicos debe tener sistemas capaces de detectar rápidamente un error y, sobre todo, de impedir que se convierta en una práctica.

Soruco tiene aquí una oportunidad política que no debería desaprovechar. La promesa de “cero tolerancia” debe convertirse en una de las primeras señales de que la nueva administración pretende hacer las cosas de otra manera, aceptando también el escrutinio público.

Los tarijeños no necesitan solamente saber que una denuncia fue remitida a una instancia competente. Necesitan conocer qué se investigó, qué se encontró, quién asumió responsabilidades y qué medidas se adoptaron para que no vuelva a ocurrir.

La transparencia no consiste en informar únicamente cuando la noticia es favorable. Consiste en abrir la gestión precisamente cuando existen dudas.

Setar también necesita recuperar una cultura de servicio. Quien paga una factura tiene derecho a una explicación clara cuando encuentra un cobro extraño y quien administra recursos públicos debe entender que cada decisión está sometida al escrutinio de la sociedad.

La Gobernación ha dicho que empieza una nueva etapa. Bienvenida sea. Pero las nuevas etapas se demuestran con hechos.

Setar necesita una limpieza institucional que no sea una cacería política ni una operación de imagen. Necesita controles, profesionalización, cuentas claras y una administración que entienda que el servicio público no es patrimonio de quienes circunstancialmente ocupan los cargos.

Soruco ha asumido el reto. Ahora corresponde verla actuar.