La Constitución no admite atajos
El Gobierno y los partidos deben asumir de una vez que cualquier reforma constitucional abrirá un debate político y emocional de enorme profundidad. Ignorarlo sería el primer error de un proceso que Bolivia necesita abordar con serenidad, inclusión y reglas claras
Durante nueve meses, la sola mención de una reforma constitucional de fondo parecía provocar en el Gobierno una mezcla de silencio, incomodidad y resignación. Se podía hablar de reformar casi todo: la economía, los hidrocarburos, las inversiones, la Justicia, el Estado. Pero cuando alguien preguntaba si para hacerlo era necesario tocar la Constitución, aparecía siempre la misma respuesta: todavía se puede hacer mucho dentro del marco vigente. Nunca fue cierto.
La discusión ha llegado inevitablemente al lugar del que durante meses se quiso escapar. La Ley de Inversiones, las reformas energéticas, la eventual modificación del régimen laboral y otras transformaciones estructurales pueden terminar chocando con disposiciones de una Constitución que fue aprobada en un momento político muy distinto al actual.
El problema no es solamente jurídico. La Constitución Política del Estado no es un reglamento más. Es el pacto político fundamental de Bolivia. Modificarla significa tocar intereses, identidades, derechos, competencias, recursos y visiones distintas sobre el país. Significa, inevitablemente, despertar emociones.
Por eso sorprende que el Gobierno haya llegado hasta aquí sin una estrategia política clara para abordar el asunto.
No basta con tener los votos suficientes para aprobar una ley ordinaria. Tampoco parece sensato pretender sortear los límites constitucionales mediante interpretaciones creativas o utilizando los vacíos institucionales provocados por la ausencia de un Tribunal Constitucional Plurinacional plenamente constituido. Eso no es seguridad jurídica, sino exactamente lo contrario.
Reformar la Constitución puede ser necesario, pero hacerlo sin incluir a una parte importante de la sociedad sería convertir una oportunidad de reconstrucción institucional en una nueva fuente de conflicto
Tampoco pueden los partidos de oposición utilizar la Constitución como un candado absoluto frente a cualquier reforma. Si el texto constitucional contiene disposiciones que dificultan reformas, corresponde discutirlo democráticamente. Lo que no corresponde es esconder el debate.
El elefante en la habitación es también notorio: la Bolivia política que emerge después de las últimas elecciones no está completamente representada en la Asamblea Legislativa.
Más de un millón de ciudadanos votaron nulo y otros tantos eligieron a un Rodrigo Paz que hoy no reconocen. Puede discutirse qué significó exactamente ese voto y cuánto obedeció a las circunstancias electorales de entonces, pero sería irresponsable interpretar que ese enorme caudal de ciudadanos simplemente desapareció.
Existe. Tiene memoria. Tiene demandas. Y tiene capacidad de movilización. Pretender modificar la Constitución sin incorporar a ese sector de la sociedad sería una manera bastante eficaz de convertir una reforma institucional en un enorme conflicto político.
Bolivia necesita cambios profundos, pero necesita también que esos cambios sean legítimos. Y la legitimidad no se consigue solamente con mayorías parlamentarias. Mucho menos con decretos. Se consigue mediante acuerdos, deliberación y participación.
Por eso el Gobierno tiene que dejar de tratar la reforma constitucional como un fantasma y empezar a explicar qué quiere cambiar, por qué y mediante qué procedimiento. Los partidos, por su parte, tienen que abandonar la tentación de utilizar la Constitución como arma electoral y asumir que también tienen responsabilidad en la construcción del Estado que vendrá.
Y primero hay que resolver las condiciones institucionales para hacerlo. No parece razonable pretender iniciar una reforma constitucional mientras el máximo órgano encargado de controlar la constitucionalidad permanece incompleto. Recuperar la institucionalidad del Tribunal Constitucional debería ser una prioridad antes de entrar en una discusión de esta magnitud.
Después habrá que discutir el procedimiento. Reforma parcial, reforma más amplia o Asamblea Constituyente son caminos distintos, con consecuencias distintas. Lo importante es que nadie intente llegar al mismo destino por atajos.
La Constitución puede y probablemente debe ser actualizada. Pero no puede convertirse en el terreno de una nueva imposición o un monstruito indescifrable.
La reforma constitucional llegará, de una manera u otra, al centro del debate nacional. Lo responsable es prepararse para ella antes de que sean las calles, las emociones o las urgencias económicas las que terminen marcando el camino.
