El pacto pendiente
Los conflictos que paralizan Bolivia rara vez nacen en las carreteras: suelen comenzar mucho antes, en regiones abandonadas y en instituciones locales sin capacidad de respuesta
Bolivia parece haber entrado, una vez más, en esa rutina política tan conocida donde una crisis se administra hasta agotarla, las tensiones se enfrían momentáneamente y todos actúan como si el problema hubiera quedado atrás. No es así. Los más de cincuenta días de protestas, bloqueos, confrontación social y posterior Estado de Excepción aún vigente no han resuelto nada de fondo. Apenas han dejado al descubierto, una vez más, las profundas fracturas estructurales que arrastra el país.
La pregunta que debería ocupar hoy al sistema político no es quién ganó o perdió este último pulso, sino por qué Bolivia sigue atrapada en un modelo institucional incapaz de procesar sus conflictos antes de que estos escalen hasta paralizar al país entero. Y una parte central de esa respuesta sigue estando en un debate que lleva demasiados años postergado: el Pacto Fiscal.
Un Estado fuerte no es un Estado centralista: sin redistribución real de competencias y recursos, Bolivia seguirá administrando crisis sin resolverlas
Hace ya más de una década que la Constitución Política del Estado estableció la necesidad de rediscutir la distribución de recursos, competencias y responsabilidades entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios. Formalmente el debate existió. En la práctica, nunca ocurrió. Se administró políticamente, se congeló deliberadamente y se terminó manteniendo un esquema profundamente centralista donde las regiones continúan dependiendo de decisiones tomadas a cientos de kilómetros de distancia y bajo criterios muchas veces más políticos que técnicos.
Hoy ese modelo muestra signos evidentes de agotamiento.
Los municipios enfrentan crecientes responsabilidades sin financiamiento suficiente. Las gobernaciones sobreviven con presupuestos cada vez más limitados mientras deben sostener salud, caminos, producción y desarrollo local. El gobierno central, mientras tanto, concentra recursos, concentra poder y concentra decisiones, aunque cada vez dispone de menos capacidad real para responder a las demandas acumuladas del país.
La crisis reciente lo ha vuelto a demostrar. Buena parte de los conflictos sociales que terminan explotando en las carreteras tienen origen territorial: sectores productivos sin apoyo suficiente, regiones que sienten abandono, demandas locales que escalan porque las instituciones cercanas ya no tienen margen de maniobra para responder.
Bolivia necesita discutir seriamente qué Estado quiere construir en las próximas décadas. Y esa discusión pasa inevitablemente por revisar competencias, redefinir responsabilidades y acordar una redistribución de recursos que responda a las realidades actuales y no a equilibrios políticos heredados de otro tiempo.
No se trata simplemente de repartir más dinero. Se trata de construir un sistema más eficiente, más transparente y más equilibrado, donde cada nivel de gobierno tenga claridad sobre lo que debe hacer, cómo debe financiarlo y ante quién debe rendir cuentas.
Durante demasiado tiempo el país ha confundido unidad nacional con concentración de poder. Pero un Estado fuerte no es un Estado centralista. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario.
Superada —al menos temporalmente— la última gran crisis, sería un error monumental regresar a la normalidad de siempre, esa donde se espera pasivamente el próximo conflicto.
Bolivia necesita dejar de apagar incendios y empezar, de una vez, a rediseñar la casa.
Y ese camino comienza, inevitablemente, por asumir el debate pendiente del Pacto Fiscal que nunca nos atrevimos a completar.
